Los espíritus siniestros se encargan de frenar todo intento de acreditar que se transita hacia una nueva impartición de justicia laboral. Cuando se está a punto de poner en marcha los cambios algo sucede que de última hora se pospone. La fecha más reciente estaba prevista para el 1 de octubre y se cambió para el 3 de noviembre. Hacerlo dará cumplimiento a la reforma laboral de 2016, que establece el inicio de juzgados laborales dependientes del Poder Judicial, tanto federal como estatal, y automáticamente se dará la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA).

A mediados del año pasado se mencionó que Aguascalientes estaba por iniciar la transición, por lo que era cuestión de hacer los ajustes para atender lo que dispone la ley, pero no se logró cumplir aduciendo el asunto de la emergencia sanitaria, por lo que se trasladó a 2021.

Prácticamente se tiene todo listo para concretar este paso, incluido el personal que trabajará en los juzgados y que ha sido capacitado para que desde el primer día ofrezca resultados, sin embargo los duendes se encargaron de hacer que sea un mes después, sin que se tengan las razones para este atraso, concretándose el consejo de coordinación para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral a informar del aplazamiento. Lo único que hay es que el citado consejo de coordinación pidió a los estados que deben llevar a cabo esta acción que publiquen la declaratoria que emita el Senado, a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que aquellas que den a conocer los congresos locales.

Junto con Aguascalientes están en esta posición Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Baja California, Colima, Guanajuato, Quintana Roo, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, en lo que se refiere a los temas locales, y en materia federal Baja California Sur y Guerrero.

Es en los congresos locales donde se debe llevar a cabo la declaratoria respectiva para el arranque de funciones, lo que deberá ser ampliamente propagado para acatar lo dispuesto en el artículo transitorio, del Decreto del 1 de Mayo de 2019, debiendo haber coordinación suficiente para que de manera sincrónica, en las entidades mencionadas los poderes judiciales, tanto federal como estatal, comiencen la aplicación del Sistema de Justicia Laboral en la fecha señalada.

Actualmente la Junta de Conciliación y Arbitraje de Aguascalientes atiende 11 mil 314 demandas, de las cuales hay expedientes que datan de 2012 y aún de años anteriores, lo que es resultado de que cada año se archiven alrededor de dos mil casos. De las denuncias que han presentado los trabajadores, 9 de cada 10 corresponden a despido injustificado y que llegan a tardar en ser resueltos hasta seis meses. En cambio, con la nueva justicia laboral se considera que ese tipo de asuntos sea en un tiempo mínimo, lo cual no debe rebasar 45 días, buscándose ante todo la conciliación entre las partes y sólo que no lleguen a un acuerdo ir al juicio como última opción.

Los tribunales federales que dependerán del Poder Judicial, serán responsables del registro de sindicatos, conciliación entre las partes, comprobación de procedimientos de democracia sindical y la expedición de constancias de representatividad, más conocidas como “toma de nota”, asimismo, intervendrán para generar las condiciones de democracia dentro de los sindicatos y en la elección de sus dirigentes mediante el voto libre, secreto y directo.

Ahora habrá que esperar que se cumpla todo lo que se enuncia y que ya no sufra otra posposición la puesta en marcha de este programa, tan largamente esperado por los que intervienen en la vida productiva, confiándose que quienes sean integrados al nuevo Sistema de Justicia Laboral sean conocedores de la materia, evitándose contratar a profesionistas que desconozcan lo que es la conciliación y la aplicación de la ley correspondiente.

A RECOMPONER

Las sociedades de padres de familia están que “retumban” en contra de quienes integraron la LXIV Legislatura del Estado, que aprobaron el año pasado las reformas que obligan a registrarse como asociaciones civiles, lo cual tiene un alto costo, pero no hay que hacer olas puesto que de la misma manera que se llevaron a cabo esos cambios se pueden eliminar, basta que los nuevos integrantes del Congreso lo hagan.

Lo interesante de esto es la flexibilidad que hay para crear o deshacer leyes y de lo que son expertos los diputados locales y federales y los senadores, que con suma facilidad aprueban normas sin considerar el daño que puede causar a un núcleo social, por lo que quienes vienen después se encargan de enmendar los yerros.

Eso es lo positivo que tiene este tipo de sandeces, por lo que basta que tengan la suficiente receptividad los recién encumbrados como “representantes populares” para que enmienden la plana y con ello se evite ese gasto.

Las reformas que se hicieron en 2020 obligan, jurídicamente, a constituirse en asociaciones civiles a las 1,319 mesas directivas de padres de familia que funcionan en la escuela pública, señaló el presidente de la AEPF, Miguel Ángel Herrera Cruz.

Con la finalidad de atender ese mandamiento legal, dichas agrupaciones deberán desembolsar en conjunto alrededor de 6 millones 500 mil pesos para el pago de los servicios notariales y así quedar formados en una asociación civil, recursos que no tienen y que en todo caso se tendrían que tomar de las cuotas “voluntarias” que entregan los paterfamilias, lo que haría prácticamente imposible que se utilice para beneficio de los planteles.

Lo que proyectan hacer en la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) es recurrir a las direcciones jurídicas de Participación Social y de Educación Básica del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), para que les ayuden a resolver este enredo legal, lo cual obliga darse de alta y genera derechos, pero también exigencias fiscales.

Se pueden evitar ese recurso, bastaría que se entrevisten con los diputados locales y hacerles ver el problema en que los metieron sus antecesores; tienen a su favor que el ex director general del IEA es actualmente diputado y presidente de la mesa directiva, por lo que quién mejor que él para entender la situación en que se encuentran y todo lo que esté de su parte ayude a solucionar este asunto, mediante una iniciativa que tal vez él mismo promueva, con lo que se atendería un justo reclamo de un amplio sector de la población.

De no hacerse los cambios traería como consecuencia un gasto millonario y que parte de las directivas no estarían en posibilidades de cooperar, lo que pondría en una situación difícil a la AEPF que deberá de cargar con los gastos.