La prueba reina de culpabilidad es cuando el acusado acepta de manera abierta e inobjetable que es responsable de los hechos que se le atribuyen, por lo que sólo queda probar sus declaraciones para que sea encausado y esta manera se abrevia el juicio.

Lo anterior sería el procedimiento deseable, pero por regla general los imputados rechazan ser culpables pese a que existen pruebas suficientes en su contra, incluso testigos, lo que obliga a los investigadores a reunir las suficientes argumentos que permitan llevarlo al banquillo y aún así los abogados defensores echan mano de todo lo que esté a su alcance y de su imaginación para evitar el castigo o que éste sea lo más benévolo posible.

Para lograr resultados satisfactorios a la hora de administrar justicia se requiere tener, en primer término, instituciones lo suficientemente fortalecidas en todos los ámbitos, esto es, un marco jurídico actualizado, personal capacitado, que tenga el soporte presupuestal necesario y poner al día la nómina conforme crezca el número de expedientes. Cumplir estos objetivos sería lo básico para lograr mejores resultados en beneficio de una sociedad, que cada vez demanda más atención.

La realizad es muy distinta, al aceptar el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, que resulta materialmente imposible dar buenos resultados si el presupuesto anual que autoriza el Congreso del Estado es inferior a las necesidades, por lo que se hace lo que se puede y que lleva a que exista un rezago anual del 85% en asuntos judicializados, no obstante que algunos delitos han disminuido, pero otros siguen en el mismo plano, entre ellos homicidios dolosos, feminicidios y robos al comercio y casas habitación.

Subrayó que cada año la Fiscalía General del Estado (FGE) solicita a los diputados mayores recursos y la respuesta es la misma: no hay dinero, lo que lleva a que “tengamos que sobrevivir con el mismo personal. Si ustedes se dan cuenta, en las Agencias del Ministerio Público (AMP) van a ver la mismas personas de hace tres o cuatro años”, lo que no impide que se haga lo máximo para sacar delante el mayor número de carpetas, como quedó registrado el año pasado en que se cerraron de manera satisfactoria 4,600 asuntos, que corresponden al 15% de las denuncias recibidas en las AMP.

Mientras que se le niega a la FGE mayor financiamiento, diputadas y diputados se autorizaron un aumento a la beca que reciben cada mes, bajo el supuesto de que “trabajan mucho”, con lo que se cumple la máxima de que “el que parte y reparte le toca la mayor parte”.

Lamentable que esto suceda en plena era donde se exige pleno respeto a los derechos humanos, al diferirse por quién sabe cuánto tiempo la administración de justicia al 85% de los solicitantes y todo porque el Congreso del Estado es sordo y ciego ante las necesidades que tiene una dependencia que es fundamental para la vida diaria.

“En México, los tribunales judiciales encargados de la administración de justicia del fuero común, así como los tribunales federales, son lentos, caros, tortuosos y almacenan grandes cantidades de papel en cada uno de los casos, por lo que los juicios, procesos judiciales y desahogo de probanzas en la administración de justicia, llevados a cabo por ellos, están muy lejos de ser garantes de una justicia pronta y expedita”, resumieron los profesores investigadores de la Universidad de Guadalajara, Irma Ramos Salcedo, José Carlos Herrera Palacios y Francisco Cortés Fuentes, en el trabajo que presentaron ante el Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos de Jalisco.

MÁS SERIEDAD

Aunque es una obviedad, el problema del agua no se resuelve por la vía político-electoral, sino con un trabajo técnico, meticuloso, que defina los pasos a seguir para evitar que los mantos acuíferos continúen reduciéndose y llegue el día en que no tengan capacidad de atender las necesidades mínimas de una población cada vez más creciente.

Por lo anterior, el vicepresidente regional de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Jael Pérez Sánchez, demandó que el asunto del agua potable se maneje “desde el punto de vista técnico y no político”, además que se trabaje con seriedad bajo un plan a mediano y largo plazo que ofrezca seguridad para los próximos 30 o 50 años.

Nada fácil de atender y cumplir lo que plantea, ya que es un tema que se ha esgrimido como bandera electiva desde 1995, aún cuando los mismos sujetos que entonces y hasta la fecha la enarbolan y saben que su actitud frena cualquier solución, lo que de seguir la misma línea llegará el momento que también ellos o sus allegados sufran las consecuencias.

El especialista en economía sostuvo que en cada proceso para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo y del municipio capitalino es parte principal de la plataforma político-electoral de prácticamente todos los partidos, “pero que no tratan con seriedad y ni hacen propuestas serias por parte de los candidatos que tengan un efecto a largo plazo”.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en esta entidad se extrae mucho más agua de los cinco acuíferos, por lo que cada año crece el déficit, debido a que no se recupera lo que se obtiene, situación que obliga a este organismo a rechazar permisos para nuevos pozos.

Como si lo anterior no fuera suficiente está la calidad del agua, que al obtenerse a mayor profundidad contiene materiales pesados que perjudica en el consumo humano, como ha quedado demostrado en las investigaciones y estudios que se han hecho.

Otro punto igual de difícil de resolver es el destino que tiene el agua sacada del subsuelo, al recibir el sector agropecuario el 76%, mientras que el 24% es para el resto de los usuarios, tanto población en general como de uso industrial.

Bajo estas consideraciones, Pérez Sánchez señaló que sin mayor dilación se debe tener un plan hídrico de mediano y largo plazo y con un horizonte de servicio a 50 años, que comprenda el tratamiento del líquido, además de evitar el asentamiento de empresas que utilicen un consumo intenso del agua y que al hacerlo evitará vivir la amarga experiencia que actualmente resiente el estado de Nuevo León.

En lo que se refiere al caso particular del municipio de Aguascalientes, dijo que el Colegio de Economistas considera conveniente eliminar la política de toda decisión y dar lugar a la técnica, además que sea un modelo mixto, por lo que se debe tener presente que “siempre que las cosas con Veolia no van bien, se antojaría tomar una decisión fácil de que se vuelva a municipalizar, pero hay que analizarlo seriamente por los expertos de ver qué modelo es el mejor, la remunicipalización tal vez agrave el problema, porque el Municipio no está preparado para volver a gestionar y controlar el problema del agua”.

Los elementos aportados por el ex líder estatal de los economistas deben ocupar la atención de las autoridades estatales y municipales y de la sociedad en general, para adoptar la mejor decisión y que sea para beneficio de la actual y futuras generaciones, para ello se requiere despojarse de todo egoísmo dejando fuera la política para dar paso a los conocedores del tema.

COMPLICADO

El planteamiento que hizo la senadora Marta Márquez Alvarado, de fijar un tope mínimo a las pensiones alimenticias, sería lo ideal, pero difícil de cumplir para los padres de familia que tienen un ingreso mínimo. Dijo que el propósito es terminar con los problemas que enfrentan las mamás para sacar adelante a sus hijos al no tener el apoyo del marido o quien fue su pareja y que al separarse se desatiende de sus obligaciones elementales con sus descendientes. La iniciativa contiene que el mínimo sea de 4 mil pesos mensuales, con lo se acabaría la mala costumbre que entreguen 200 pesos o a veces ni eso y prefieran pagar abogados que alarguen el juicio. Actualmente el artículo 309 del Código Civil Federal dispone que si el padre o la madre de familia se niega a dar la pensión alimenticia le compete al juez fijar la manera de ministrar los alimentos, en tanto Márquez Alvarado propone que la pensión sea el equivalente al costo de la canasta básica alimentaria y de la no alimentaria, que contempla educación y salud, lo que en estos momentos sería de 4 mil pesos mensuales, sin embargo hay quienes apenas reciben de salario esa cantidad, por lo que difícilmente podrían cumplir con lo que impulsa la legisladora.