El desenlace que le dieron la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado y la Contraloría General del Estado al caso del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), deja varias incógnitas, principalmente del por qué ninguno de los que fueron titulares de esa oficina y de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), fueron mencionados en las investigaciones, con lo cual todos quedaron a salvo de cualquier aplicación, cuando eran los principales responsables de vigilar su buen funcionamiento.

Además, algo no concuerda con el final que le dieron las autoridades mencionadas, ya que desde un principio se habló que los problemas en el RPPC eran por un hackeo, esto es, alguien ajeno que se introdujo en el sistema e impedía su funcionamiento, pero nunca se mencionó que pidieran un rescate. Fue la versión que se presentó en febrero de 2020 y que se mantuvo a lo largo de ese año, pero ahora salen con que sancionan a varios ex funcionarios por corrupción, entre ellos al que fuera director de informática, lo mismo que dos ex empleados que tuvieron que ver en la compra del software “que provocó al caída del sistema”. Asimismo, se castigó con años fuera del servicio público a los que fueron director general, coordinador administrativo, un especialista y un jefe de departamento.

En la información no se precisa cuánto tendrá que pagar cada uno de ellos de los 9 millones de pesos que se impuso como sanción pecuniaria, o si esa cantidad es para cada uno, pero se ha pretendido imponer un castigo ejemplar en una administración que está a poco más de un año de que concluya.

Lo único cierto es que quienes sufrieron las consecuencias de este problema fueron notarios, abogados e intermediarios inmobiliarios, que de pronto se vieron impedidos para llevar a cabo los trámites que dispone la ley y que sólo el Registro Público de la Propiedad estaba facultado para proporcionar la información y los documentos, por lo que durante varios meses hubo acusaciones de todo tipo de estos tres sectores en contra de dicha dependencia, encontrando siempre como respuesta que estaba a punto de solucionarse, pero a 16 meses quedan varias aristas que les impiden el libre ejercicio de sus actividades, lo que indefectiblemente ha afectado en todo este tiempo sus ingresos sin que alguna autoridad busque la manera de resarcirlos.

A como se resolvió el conflicto se desconoce si realmente son culpables quienes han sido acusados o sólo se hace para encubrir a otros que tenían mayor responsabilidad que ellos. De ninguna manera es gratuita la educción, porque resulta extraño que ninguno de los que fueron directores del Registro Público se dieran cuenta de lo que ocurría en su área y tampoco el titular de la Seguot, de la que dependía el organismo, por lo que al dar por cerrado este capítulo se ha ido por lo más delgado.

Es tanto como si ocurriera una serie de contrariedades en un barco y el capitán y el contramaestre no se dieran cuenta y es hasta que están a punto del naufragio atribuyen la responsabilidad al grumete.

IRRESPONSABILIDAD

Son demasiadas las preguntas que hay en torno al funcionamiento de los cada vez más desacreditados “anexos”, como se conoce a los lugares que, presuntamente, sirven para desintoxicar a las adictos a todo tipo de drogas, pero que han sido escenario de crímenes que pudieron haberse evitado si las autoridades correspondientes hicieran su trabajo.

En varias ocasiones se ha comentado en Con Usted del peligro que entraña internar enfermos en esos lugares, que por una razón muy poderosa casi todos funcionan sin permiso alguno, de manera que se expone a los pacientes a que sufran lo indecible y que puede llegar hasta la muerte, sin que se conozca que alguna dependencia lleve a cabo una investigación para determinar en qué condiciones están. Lo único que se hace es anunciar que habrá una pesquisa pero después de unos días no vuelven a hablar sobre el tema.

Dos hechos ocurrieron en menos de 48 horas y que vuelven a poner ante el escrutinio público la situación de los anexos. En uno murió un interno a pocas horas de haberlo encerrado y en otro, al adicto que pretendían llevarse atacó a un pariente y a los empleados del anexo que fueron a su casa por él, asesinado a cuchilladas al allegado y a uno de los trabajadores, mientras que el otro fue hospitalizado, por su parte el dependiente de las drogas fue enviado a prisión.

Hay anexos tanto en la ciudad capital como en otros municipios, pero sólo tres en todo el estado tienen permiso para funcionar como clínica, porque en esencia eso son. Al estar al margen de la ley se desconoce cuál es su estructura administrativa, si tienen médicos, enfermeras, psicólogos y si los trabajadores para su traslado y vigilancia están capacitados.

Por regla general el aficionado a todo tipo de drogas, incluido el alcoholismo, se niega a que lo internen, por lo que sus familiares contratan los servicios del anexo que incluye ir por él hasta su casa y si es necesario llevarlo por la fuerza, lo que desencadena una riña para tratar de someterlo y llevárselo. Pero no siempre sucede así, como acaba de ocurrir con el individuo que armado de un cuchillo atacó en primer término al familiar que pretendió impedir que acometiera a los empleados que iban por él y fue el primero que cayó herido de muerte y lo mismo ocurrió con uno de los trabajadores.

Lo anterior deja observar que los empleados del anexo no están entrenados para enfrentar situaciones violentas y al no saber cómo desarmarlo fueron víctimas de un sujeto que a toda costa trató de evitar que lo trasladaran, pero su situación se complicó en extremo porque ahora sí va a estar encerrado y por largo tiempo.

Los anexos deben estar bajo control del Instituto de los Servicios de Salud del Estado (ISSEA), que está obligado a vigilar de manera permanente las condiciones en que funcionan, tanto de espacios como de personal capacitado para ese tipo de servicios, de igual manera del Ayuntamiento correspondiente, que antes de expedir la licencia tiene que conocer si las instalaciones son las adecuadas, por su parte la Fiscalía General del Estado debe ejercer una vigilancia en torno a esos lugares para que actúe con apego a la ley.

Es de esperarse que por lo vivido hagan un mayor esfuerzo quienes están comprometidos a velar por la seguridad de todos los ciudadanos y en este caso particular de los adictos y de quienes laboran en los anexos, que dejen a un lado la abulia y cumplan con su responsabilidad. Si vuelve a ocurrir habrá que aplicar la legislación a las autoridades que por dejadez permitieron que continuaran situaciones que pudieron evitarse.

PARA DISTRAERSE

En tanto empiezan a conocer las actividades que habrán de desempeñar en los tres años que dure la beca, diputados y diputadas que integrarán la LXV Legislatura del Estado tienen el suficiente tiempo para interiorizarse de lo que tratarán de hacer a partir del próximo 15 de octubre. De entrada recibirán 550 asuntos que por diversas causas permanecen en el cajón de los pendientes, algunos con varias legislaturas de rezago. Para su conocimiento, el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dispone que “ninguna iniciativa podrá dejar de dictaminarse en el periodo ordinario de sesiones en que se turne a la comisión o en el inmediato siguiente”. Está claro que los miembros de la actual LXIV Legislatura son violadores contumaces de la ley, por lo que, para ellos, es sólo un enunciado que está por ahí y si alguien reclama su flojedad tienen varias salidas, apegándose que la misma ordenanza prevé hasta seis meses como máximo para dictaminar, sólo que ni en ese lapso lo han hecho. Es posible que ante la cercanía de escuchar las Golondrinas, se presente ante el pleno alguno de esos asuntos, pero será más bien aquellos que perdieron vigencia con lo que pretendan demostrar que trabajaron hasta el último día, aunque bien saben que la poltrona fue su mejor compañera en este tiempo. Los que están a punto de relevarlos deben acreditar que ellos sí vienen con el interés de hacer algo más que cobrar la famosa “dieta”.