Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Suele decir el Señor Obispo Diocesano Dn. José María de la Torre Martín que los signos de los tiempos propician que las personas quieran construirse una religión a la carta. Un poco lo que es la llamada “New age”, en donde a partir de las más diferentes tradiciones, ideologías, supercherías y “liderazgos” la gente se construye un marco “religioso” a su medida, tan absurdo como el grupo llamado “Católicas por el derecho a decidir”, que sería tanto como decir “Soldados por el derecho a no usar armas”, la condición para pertenecer a un grupo llámesele milicia o religión católica no la determino yo, sino una jerarquía, me guste o no me guste. Nada tiene que ver con el ejercicio de la libertad, yo tengo todo el derecho a ser libre pero no tengo derecho a llamarme “médico” o ejercer la medicina sin cumplir una serie de requisitos avalados por el estado. Sorprende incluso que la autoridad permita charlatanes que incluso utilizan los medios de comunicación para ofrecer “milagrosas” sanaciones o curaciones abusando de la ignorancia, ingenuidad, inexperiencia y necesidad de la gente.

Y así como parece suceder con la religión la administración de justicia se encuentra, a mi manera de ver, en una situación crítica de desgaste propiciada por la propaganda política y por, así lo veo, el poco tacto de muchos operadores de justicia que se han resignado, en algunos casos, o han querido, en otros, pretender jugar un rol político en una función en que lo deseable sería la menor intervención de la política y la actuación mas discreta.

Una tendencia generalizada es la de formular imputaciones sin soporte probatorio que propician el linchamiento público sin que exista una respuesta sólida de los órganos encargados de procurar y de impartir “justicia”. Recordemos que hace algunos meses el presidente de la república en su “chou” matutino condenó al ministro de la Suprema Corte de Justicia, por asesorar a algunos “conservadores o fifís” que pretendían defender sus intereses “contrarios” a los ideales de la “4T”. Eso se llama difamación: comunicación dolosa de un hecho “cierto” o “falso” con el ánimo de crear descrédito o animadversión hacia una persona. Tratándose de un ministro de la Corte, la imputación del presidente era doblemente perversa, desacreditar a la persona y desacreditar a la institución. Antes de que terminara su “chou” el ministro Cosío había desmentido en un programa noticioso de alcance nacional el dicho del presidente. Una tarjeta lo alertó y dijo que el ministro ya había aclarado, “que que bueno que no fuera cierto”.

Hace relativamente poco en otro de los “chous” matinales, ante la presencia del presidente, el general secretario de la Defensa Nacional, públicamente señaló su desconfianza en la actuación de las fiscalías de justicia y en los poderes judiciales de los estados y de la Federación. Nadie le explicó al presidente ni al militar, que proferir públicamente esa descalificación va en contra no sólo del honor militar, sino de su propio código de Justicia y que en otras circunstancias sería suficiente para ser sometido a una corte marcial. Descalificar en público a uno de los poderes de la unión es una conducta grave, proviniendo de un militar, gravísima, y siendo el Secretario de la Defensa, inaceptable.

Recientemente se divulgó un video en el que se muestra cómo una patrulla militar en el norte, persiguió y asesinó a un grupo de presuntos delincuentes, incluso matando a mansalva a un sobreviviente herido. El presidente condenó el hecho, que, por otra parte, muestra que los soldados actúan como soldados, no como policías, están entrenados para matar, y lo mismo es con gobiernos revolucionarios, que neoliberales o supuestamente nacionalistas o cuatrotransformacionistas, y manifestó que había dado instrucciones al general secretario para que se investigaran los hechos. La ignorancia o la impudicia presidenciales son graves. La Constitución señala desde siempre y el Código de Justicia Militar tuvo que cambiarse a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que no contraviniera la Constitución, que cuando intervengan “paisanos” o civiles, la investigación corresponde a las instituciones civiles. La instrucción presidencial es violatoria de la Constitución.

La Suprema Corte en pocos meses tendrá un reajuste en su integración, después de la autocrática forma en que se hizo renunciar al ministro Medina Mora y la vacante de la ministra Luna Ramos, que fueron cubiertas por incondicionales del presidente, próximamente habrá dos nuevas vacantes que, todo parece indicar, se cubrirán con “favoritos” presidenciales, coptando más aún, al ya de por sí, proclive a la 4T, máximo órgano judicial del país.

La más reciente estupidez proclamada en el foro matutino es la peregrina idea de someter a consulta popular la posibilidad de someter a juicio a los expresidentes de la república. Es, también una ilegalidad. Hay una legislación al respecto y una de las condiciones sine qua non es que se trate de un hecho que sea susceptible de la consulta. No se podría someter a consulta, por ejemplo, la posibilidad de sujetar o no a juicio al “marro” o conceder la amnistía al “mencho”. Cuando las leyes determinan claramente la forma de actuar y las competencias de las autoridades, una consulta sobre si procede o no su actuación es claramente ilegal. La orden presidencial de liberar al hijo del Chapo, más allá de las justificaciones de índole humanitaria, táctica o de oportunidad es una violación de la legalidad.

El presidente protestó cumplir y hacer cumplir las leyes, perseguir a los delincuentes, llámese Peña o Calderón o Fox o Salinas, es parte de su responsabilidad y hasta ahora, como en los tiempos de los que no son iguales pero sí muy parecidos, sigue siendo una “justicia” selectiva, oportunista y para las “galerías”, en donde lo único que parece importar es la redituabilidad política y no la persecución y castigo de los delincuentes: políticos, organizados, del fuero común o electorales.

En su artículo de ayer el ministro Cosío señalo: “pidió a la población (AMLO) que emitiera su juicio, cuando de plano no su sentencia, con base en lo que él mismo mostró. Al proceder de esta manera, el mandatario inauguró una nueva forma de justicia. Un mecanismo en el que él presenta la acusación, ordena el proceso, induce el sentido de lo observado y anima a la población a sumarse al juicio emitido por él.

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