Justo a unas cuantas semanas del sorteo por el avión presidencial y cuando creíamos que ya no existiría ningún otro distractor para evitar afrontar las responsabilidades por parte del Ejecutivo Federal y su partido, llegó a nuestros oídos la absurda idea de realizar una “consulta popular” sobre si se enjuicia o no a los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo así, que Morena, sus afiliados y sus simpatizantes decidieron poner sobre la palestra pública el “inicio” de una consulta popular sobre si proceder o no contra los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Desde el año 2014, abordamos en este espacio la reforma constitucional que dotó de mayor claridad a las famosas “consultas populares”; siendo que, brevemente me permitiré recordarles algunos aspectos sobre su funcionamiento y procedencia. Primeramente, para que una consulta popular pueda ser encausada, deberá ser propuesta por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o por el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o por el 2% de los ciudadanos de la lista nominal; acto seguido, la pregunta y el tema de la consulta, deberán pasar por un control previo de constitucionalidad hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decidirá sobre su procedencia ya que temas como derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta. Finalmente, para que la consulta y su resultado sean vinculantes, deberá de concurrir y votar el 40% del padrón electoral de la lista nominal (que al día de hoy son más de 50 millones de mexicanos.)

Mencionado lo anterior, haremos un recuento por la historia de la consulta en mención, ya que desde hace unas semanas en el Senado de la República los legisladores morenistas intentaron comenzar con su procedencia; sin embargo, el resultado no fue exitoso. Acto seguido, encargaron a su dirigencia nacional y las dirigencias estatales que comenzaran con la recaudación de firmas para intentar dar procedencia a este interesante recurso previsto en nuestro texto constitucional. Mientras tanto y de manera paralela, el Presidente logra colocar el tema en sus conferencias “mañaneras” mencionando que será respetuoso y procederá conforme a la decisión del “pueblo sabio”.

Parece ser que nos encontramos frente a una distracción más, que desvía las responsabilidades gubernamentales y prefiere que la opinión pública se enfoque en tonterías sin sustento jurídico. Aunado a lo anterior, me permito dejar constancia que bajo ninguna circunstancia considero que debe dejar de castigarse todo acto de corrupción; sin embargo, me parece ridículo que el Ejecutivo y sus simpatizantes pretendan justificar sus actuaciones en decisiones populares o simplemente asumir-influir en funciones que no les corresponden.

Basta con recordar, que en teoría, contamos con una Fiscalía que ha sido dotada de autonomía constitucional y con independencia de ello, nuestros gobernantes y servidores públicos han sido elegidos y/o nombrados para actuar y realizar sus funciones a cabalidad. Razón por la cual, una consulta no deberá de ser el aliciente o incentivo para que se inicien las acciones correspondientes.

Durante los últimos años nuestras instituciones ya han sido dañadas lo suficiente, como para permitir una burla más a nuestro Estado de Derecho. Se trata de denunciar, investigar y procesar a quienes cometieron ilícitos; no de elevar el clamor popular y parecer Poncio Pilatos.

Correo: davidreynoso40@hotmail.com

Twitter: @davidrrr