Las consecuencias de la promoción velada y la posible utilización de recursos públicos por parte de aspirantes a la Presidencia pueden derivar en una judicialización de las elecciones, advirtió Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de la Coparmex Aguascalientes.
Sería lamentable que, durante las elecciones presidenciales de 2024, se produjese un escenario de litigio electoral. La legislación electoral actual podría llevar a una anulación en caso de prosperar una denuncia por actos anticipados de campaña.
«En el pasado, no contábamos con una legislación electoral que considerase la posibilidad de que, ante un resultado con una diferencia estrecha entre dos contendientes, el activismo de los aspirantes pudiese ser sancionado», enfatizó.
«Hay que tener cuidado y no ser catastrofistas, pero vivir un litigio electoral sin precedentes en el país sería lamentable para quien resultase ganador con el voto de la ciudadanía», consideró.
El dirigente empresarial señaló que, en el escenario actual, resulta complicado que haya una participación de contendientes surgidos del sector empresarial como alternativa para la población.
Aunque en elecciones pasadas a nivel local y federal ha habido incursiones de perfiles empresariales, las condiciones generales de participación empresarial se centran en la construcción de participación ciudadana.
«Desde la Coparmex, no tenemos conocimiento de interesados actualmente, pero esto no significa que estemos en contra de que algún miembro quiera postularse para un cargo de elección popular», añadió Ávila Hernández.
Destacó que el organismo empresarial se centra en la construcción de ciudadanía como una tarea enfocada en la colaboración para la elaboración de políticas públicas, por encima de influir directamente en la política electoral.
