Más allá del resultado que arrojó la jornada electoral y de lo cual se informa ampliamente en estas páginas, los presuntos ganadores de las once alcaldías están de pláceme, porque gracias al Congreso del Estado podrán cobrar una mensualidad que ni soñada en su trabajo habitual

Por años ha sido una exigencia social que los presidentes municipales reciban un sueldo decoroso, que vaya de acuerdo a las condiciones económicas del lugar y no como ocurre actualmente, en que está por encima de la realidad y por lo mismo es insultante para los habitantes.

El ingreso mensual de los actuales titulares de los ayuntamientos es: Calvillo 98,661 pesos; San Francisco de los Romo 95,500 pesos; Jesús María 80,464; Pabellón de Arteaga 77,885 pesos; Aguascalientes 72,794 pesos; San José de Gracia 72,220 pesos; Asientos 59,941 pesos; Rincón de Romos 53,927 pesos; Tepezalá 52,950 pesos, y El Llano 45,764 pesos. El único municipio que no aportó información sobre el particular fue Cosío.

Ante la falta de un tabulador que vaya acorde con el número de habitantes de cada lugar, se dan casos como el que Aguascalientes capital, con 915 mil habitantes, en que la presidenta municipal tiene un salario similar a la de su colega de San José de Gracia, que gobierna 9 mil 600 pobladores.

Para terminar con estos dislates se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para que el ingreso del primer edil fuera en proporción a la población que atienden, pero a la hora de la verdad les temblaron las corvas a diputadas y diputados, lo que motivó que la propuesta pasara a la “congeladora”.

Lo único que hicieron fue incluir en el dictamen que los ayuntamientos, “en base a sus ingresos disponibles (…) deberán sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto público”, lo que en esencia no modificó el criterio que históricamente se ha aplicado y abre la puerta para que a futuro puedan aumentarse el salario.

Habrá quien suponga que es una negligencia de los legisladores, o que les vale un comino que exista alcalde rico y pueblo pobre, pero atrás de esa decisión está una actitud futurista, ya que más de uno de ellos sueña con gobernar su municipio, por lo que no se iban a echar la soga al cuello y fue por ello que dispusieron dejar las cosas como están.

Lo único que podría salvar la situación es que los nuevos presidentes municipales, cada quien en su jurisdicción, incluyan en la Ley de Egresos 2020 una reducción de su estipendio, que sería un acto de congruencia política y en respuesta a la demanda colectiva.

El problema que hay es que varios de los ediles en ejercicio fueron candidatos, por lo que de ser reelegidos tendrían que ganar menos y esto, lógicamente, a nadie le gusta, caso contrario es con lo que asumen por primera vez, que no tendrían dificultad alguna en recibir lo que se considere justo.

Va a ser interesante conocer el planteamiento del Presupuesto de Egresos de cada municipio, correspondiente al próximo año, en el que incluirá el pago al presidente municipal y a cada uno de los regidores y síndicos, que por su parte también deben aceptar que se requiere ser coherentes entre el decir y el hacer.

PRIMEROS TORITOS

Para el vencedor o vencedora en el municipio de Aguascalientes ya tiene chamba a partir de enero próximo, cuando entre en vigor el año fiscal. Es de sobra conocido que uno de los recursos que más abastece las arcas es el cobro del Impuesto a la Propiedad Raíz, conocido públicamente como predial, que cada año despierta un alud de inconformidades por la forma en que se hace el mapeo, ya que a decir de los propietarios de los predios se le cobra de más.

De lo anterior da cuenta el magistrado presidente de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado (SDPJE), Roberto Alonso Delgado, al citar que en lo que va del año, el 40% de los 848 juicios de nulidad promovido por los ciudadanos corresponden al predial.

Mencionó que la queja de los particulares que han recurrido a este tribunal es para combatir el avalúo de la propiedad, que no corresponde a lo calculado por la autoridad municipal para determinar el monto del pago anual que deben hacer.

El propósito de los quejosos es la nulidad de la acción de gobierno, que se haga una revisión del cálculo aplicado y de encontrarse que el procedimiento no se ajustó a la certeza legal se asigne el valor real del inmueble.

Aunque no existe una forma que armonice entre lo que hace la autoridad y lo que espera el ciudadano, el primer compromiso que debe ocupar el nuevo titular del Ayuntamiento es encontrar la fórmula que precise la aceptación que se le cobra lo justo.

Otro asunto igual de peliagudo es el de las multas de tránsito, que para el común de los automovilistas es una acción  recaudadora, ya que se levanta la infracción hasta porque una llanta “mordió” la línea prohibida, o que actúan con prepotencia cuando se les trata de explicar el porqué se detuvieron en un lugar no permitido.

Algo similar sucede con el alcoholímetro, que basta con que el conductor haya consumido una o dos cervezas y por ende aparezca en el aparato el uso mínimo de alcohol para que se le aplique una multa de 600 a 800 pesos, que a decir de los empleados que se encargan de esa labor, es el castigo menor que hay, esto es, que le hacen un favor con no aplicarle más grados porque entonces tendría que pagar varios miles de pesos.

De entrada, el nuevo o nueva titular del Ayuntamiento tiene frente a sí lograr un gobierno cercano a la sociedad, con menor rigurosidad en materia predial, multas de tránsito y predial, lo mismo que el cada vez más caótico servicio de agua potable, que por años no se ha podido resolver.

EN CORTO

Mientras se escuchaba una voz ronca en una estación de radio que decía: “Aunque me carguen los pingos no venderé mi voto”, un parroquiano soltó la carcajada y luego dijo: “Si me dan 500 pesos no lo pienso dos veces y si mi mujer y mis dos hijos le entran ya hicimos dos mil pesos, que nos servirían para el gas, la luz, el pago del agua y hasta nos sobraría”.

Esa es la otra cara de la moneda, de lo que los teóricos rechazan que pueda darse, por lo que urdieron en ser parte de la andanada de mensajes que se transmitieron en los medios electrónicos para “motivar” a los ciudadanos a que no aceptaran ceder su voto.

Durante mes y medio se emitió toda clase de spots de los candidatos y sus partidos y de los organismos electorales, tanto locales como nacionales, incluidos los tribunales electorales que no dejaron pasar la oportunidad de tener un trocito de gloria.

La orden fue que a partir del jueves no se transmitiera ninguna encomienda, lo que fue acatado por partidos y candidatos, pero no por los organismos electorales, que ocuparon todos los espacios para promocionar lo que a su leal entender era lo adecuado, como ese de que no hay que vender el voto, consecuentemente los escuchas no tuvieron un momento de reposo ya que a cada momento se pasaba una de las  recomendaciones, la mayoría recicladas del siglo pasado.

Lo chocarrero es que las instituciones electorales que recurrieron a esos subterfugios e hicieron el harakiri, porque si se le dice a alguien que no venda su voto es porque existía esa posibilidad. Al pretender hacer la realidad  necesariamente tendrían que haber pasado por encima de los funcionarios de casilla, lo que a su vez pondría en entredicho la capacitación que, dijeron en el Instituto Estatal Electoral (IEE), recibió cada uno de los que estuvieron ante las urnas.

Los tiempos que corren son muy distintos a los de principios del tercer milenio, por lo que pensar o suponer que pueda ocurrir una anomalía como las que difundieron en los anuncios, es tanto como señalar que pudo haber robo de urnas, sarracinas, balaceras y aprehendidos por alterar el orden público, como fue común hasta mediados del siglo pasado.