Salvador Rodríguez López

Aunque los empleados del Congreso del Estado están acostumbrados a que en cada cambio de legislatura llegan nuevos “amos” y con los cuales deben lidiar durante tres años, no pueden hacerse a la idea de soportar desdenes, insultos y hasta que los pongan a disposición porque no los quieren con ellos.

Este tipo de actitudes tienen una razón de ser, los diputados los presionan para que renuncien o se jubilen y así dejen la plaza que tienen prometida a uno de sus recomendados, por lo que desde el primer día hay un estira y afloja para que se vayan o los cambien de lugar, estrés con el que algunos ya están acostumbrados a vivir, como una forma de defender su puesto.

De nueva cuenta es noticia este tipo de arbitrariedades, al denunciar la delegada sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y los Municipios de Aguascalientes (SUTEMA), Esther de la Cruz, que son coaccionados para que firmen de manera anticipada su aceptación a ser jubilados o liquidados, situación que vivieron más de 20 trabajadores a los que se les forzó a aceptar la liquidación e inmediatamente sus plazas fueron asignadas a personal de confianza de diputados o diputadas, que ante la cercanía de terminar su encargo buscan dejar con la base a quienes les han servido en este tiempo.

Mencionó que quienes laboran para el Congreso viven con miedo y bajo la amenaza de que les cancelarán conquistas alcanzadas en el curso de los años, entre ellas estímulos económicos y reconocimientos por años de servicio, pero si las anteriores ha sido una calca de otras, la LXIV es la peor de todas, que trata con la punta de pie a los 39 trabajadores de base, teniendo el propósito de que antes del próximo 15 de octubre deben haber logrado la salida de la mayor parte de ellos.

La delegada sindical fue electa el pasado mes de mayo y para que sepa lo que le espera se ordenó reducir el importe neto en bonos ya establecidos desde hace varios años, lo que demuestra la nula sensibilidad que hay en quienes no cesan en afirmar que son los principales defensores de los derechos humanos, laborales y sociales de los aguascalentenses, pero tratándose de su feudo es todo lo contrario.

Lo más lamentable de todo es que la dirigencia del SUTEMA se hace que la Virgen le habla. Por años ha tenido lugar este tipo de atropellos y ninguno de los que han estado al frente del Sindicato han movido un dedo para defender a sus compañeros, simplemente dejan pasar los días hasta que el tema deje de ser de interés público, mientras que a los trabajadores del Congreso no les queda de otra que resignarse y continuar sufriendo las arbitrariedades de quienes son patrones por tres años, algo que tal vez nunca soñaron con alcanzar y que al tenerlo a la mano pueden descargar todos los complejos y perturbaciones mentales que llevan sobre sus espaldas.

ASÍ CÓMO

Los gobiernos estatal y municipal se esfuerzan por presentar a las corporaciones policiacas como ejemplo de ser  muy responsables, íntegras, profesionales, eficientes y en constante capacitación y sobre todo bien vigiladas, lo que hace suponer que Aguascalientes está en estado de gracia por encontrarse a buen resguardo, pero la realidad es muy distinta a como la pintan en las altas esferas, tan es así que recién se acaba de demostrar que sigue presente uno de los vicios más arraigados en la agrupación municipal, como es continuar el desmantelamiento de los vehículos que son depositados en la pensión municipal.

Por azares del destino unos patrulleros detuvieron un vehículo que les pareció sospechoso y que transitaba por la avenida Héroe Inmortal y grande fue su sorpresa al encontrar en su interior diez baterías de automóvil y mayor fue el asombro cuando el conductor de la unidad les dijo que era uno de los suyos. Sí, que era policía en activo y estaba asignado al “corralón”, como se conoce el espacio a donde van a dar todas las unidades que son detenidas por algún hecho.

Tal vez esperaba que por ser parte de la agrupación pasarían por alto el problema, pero no fue así, llevándolo detenido y consignarlo ante la autoridad competente, lo que deja entrever que también hay elementos honestos y están dispuestos a cumplir con su labor, trátese de quien se trate.

Lo descrito no pasaría de ser un episodio más de los que suceden en la ciudad, máxime que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPMA) no hubo un pronunciamiento, que es una de las formas clásicas de guardar bajo la alfombra lo que debe quedar oculto.

Atrás de este incidente está una realidad lacerante para los automovilistas que tienen la desgracia de que su vehículo vaya a parar al corralón y es que, cuando se disponen a recogerlos luego de pagar la multa, se dan cuenta que se los “ordeñaron”. A unos les roban la batería, a otros las polveras y si las llantas son nuevas se las cambian por unos “gallitos”. De inmediato reclaman a los encargados del lugar y la respuesta es la misma: “así llegó aquí”, por lo que al no tener una forma de demostrar lo contrario se quedan con el entripado.

Hay quien sugiere que una manera de evitar el quebranto que se hace en ese lugar, el policía de tránsito que ordenó la detención del vehículo y el traslado a la pensión debe entregar al automovilista una copia de las condiciones en que está, anotando todo aquello que el propio conductor indique, de manera que el mismo agente vial testifique que cuando la grúa lo llevó para su traslado al corralón tenía todo lo que él mismo anotó.

Con ello se terminaría una situación que tiene decenas de años de suceder y de lo cual los titulares de las secretarías afirman no estar enterados, lo que es posible teniéndose en cuenta que no todo llega a su escritorio, sin embargo en ellos está ordenar una investigación y hacer los cambios que sean necesarios, tanto en los operativos y logística como vigilancia en ese lugar, sólo así se podrá cerrar la mina.

De manera colateral se debe llevar a cabo una indagatoria a fondo para determinar a quién le vendía las baterías el policía que fue sorprendido con ellas, sólo de esta forma se podrá cerrar el circulo de hurtos de estos aditamentos que tienen lugar no sólo en la pensión municipal sino en cualquier parte de la ciudad y el estado.

LA MISMA HISTORIA

Las concesiones que otorga el gobierno del estado a notarios y taxistas han sido motivo de acusaciones y reproches, principalmente de aquellos que al no alcanzar uno de esos beneficios denuncia favoritismo, capricho y hasta nepotismo. Los últimos días se han registrado muestras de descontento tras de que dos abogadas dieron a conocer -porque así lo dispone la ley-, que el titular del Poder Ejecutivo les concedió el fíat, lo que de inmediato despertó el resentimiento de aquellos que no han logrado esta merced. Son los mismos que se han opuesto a que los notarios en ejercicio y que consideren que están en edad de retiro tramiten que el fíat sea concedido a un hijo. Por su parte, el gremio de los taxistas ha estado callado ante el reparto de casi 200 concesiones, porque se entregaron a quienes demostraron que tienen 20 años o más de servicio, pero tradicionalmente han sido los más ruidosos cuando se dan cuenta que alguien ajeno al gremio recibió un permiso, llegando al extremo de andar a la caza del vehículo para demostrar que el favorecido es alguien ajeno, sin entender que la legislación no establece que el nuevo concesionario debe de ser, obligadamente, un taxista. Al igual que sucede con el fíat de los notarios, las concesiones de taxistas las otorga el gobernador del estado a quien considere conveniente, sin tener que pedir permiso ni dar explicaciones, por lo que nadie debería de molestarse cuando es una facultad propia del mandatario. Está claro que la envidia, el rencor, la codicia y las pasiones no son buenas consejeras, por lo que bien harían en tomar unos tragos de té de tila, lo que les ayudará a vivir mejor consigo mismo.