Casi la cuarta parte de los que habitan en el municipio de Aguascalientes están asentados de manera informal, lo que provoca que sólo reciban alguno de los servicios públicos en detrimento de sus derechos como ciudadanos.

Se tienen 73 asentamientos irregulares con una población de 80,000 habitantes y 91 fraccionamientos sin municipalizar con 100,000 personas, de los cuales varios tienen años en esa condición por lo que una generación ha nacido y crecido sin tener acceso a los mínimos de comodidad.

De los considerados como “irregulares” es porque unos vivales vendieron lotes sin cubrir los requisitos de ley, ofreciendo a los compradores que “pronto” se normalizaría, por lo que de inmediato empezaron a construir sus viviendas y de esta manera se creó una colonia. Pese a los reclamos para que fuera incorporada a los servicios municipales no hubo respuesta y con el paso de los años el negociante se volvió ojo de hormiga, consecuentemente sólo les quedó a los adquirientes hacer por sí mismos los trámites ante las autoridades, que por su parte exigen una serie de requisitos para regularizarlos pero que son difíciles de cumplir, al haber una supuesta revisión del asunto en las dependencias públicas sin que exista una fecha para una contestación definitiva.

En lo que se refiere a los fraccionamientos no municipalizados, que en este caso perjudica a más de cien mil personas, es porque el fraccionador no cumplió con la obligación de entregarlo al municipio, lo que significa que los habitantes en esos lugares no reciban varios de los servicios públicos, responsabilidad que recae directamente en el Ayuntamiento, que ha sido tardo en exigir el cumplimiento de la norma, además de no estar al tanto de este tipo de lugares para que cubran en tiempo y forma los requisitos correspondientes y no esperar a que vengan los reclamos.

Además, hay omisión al no reformar la ley para incluir que los nuevos fraccionamientos sean municipalizados antes de ser ocupados, con lo que quienes compren tengan la plena confianza que recibirán la atención que corresponde de la autoridad local. Con esto se evitarían problemas a las familias y en el propio gobierno de la ciudad quedaría cerrado un capítulo que no debiera haber en la vida colectiva.

En lo que se refiere a los que carecen de documentación que avale la propiedad es también culpa del gobierno por permitir que se lotifique un predio sin haber autorización, porque resulta difícil de creer que no se da cuenta que en algún lugar de la ciudad se están vendiendo lotes.

En ambos casos, tanto los irregulares como los no municipalizados, hay elementos para exigir la  aplicación inmediata, a partir que sin excepción todos los residentes pagan el impuesto a la propiedad raíz (predial) y el inconstitucional derecho al alumbrado público que se cobra mediante el consumo de energía eléctrica, por lo que es necesario que a la mayor brevedad se termine con esa invisibilidad en que los ha tenido la burocracia.

Hay funcionarios municipales que consideran que su intervención  actual, de otorgar los servicios públicos, es por cuestiones humanitarias, al suponer que no es su obligación, cuando sí lo es a partir de  lo descrito en el párrafo anterior, en todo caso lo que deberían hacer es localizar al fraccionador y exigirle el pago correspondiente de los derechos, pero no hacer creer que hacen un favor a la sociedad.

IMPLACABLE

Ahora que los notarios solicitan que se elimine la presencia de testigos para la elaboración de un testamento, es oportuno recordar a los ciudadanos que deben tener al día sus obligaciones con el fisco, porque la defunción no excusa a sus deudos de cumplir con estos deberes.

El Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes (CCPA) ha sido muy claro, que aún después de fallecida una persona el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede seguir cobrando los impuestos a los familiares, e incluso si hay saldos con el fisco.

Como nadie sabe cuándo va a morir lo mejor es estar al día con los compromisos que tenga, sea con la autoridad hacendaria o con otras personas o empresas, y hacerlo saber a alguien de su entera confianza cuáles son sus deudas, con quien y de qué manera podrían saldarse, lo que podría incluirse en el testamento para que parte de sus bienes se utilice para tal fin.

Es loable que los ciudadanos se preocupen por tener todo en regla, que con anticipación y en pleno uso de sus facultades mentales acudan ante un notario para dejar en orden los bienes y recursos que dejan, pero también que consideren en el mismo documento cuáles compromisos tienen con el SAT, porque de no ser así sus allegados serán exigidos para que paguen y es cuando vienen los problemas.

Hay instituciones que tienen un seguro para sus clientes, por lo que al fallecer el adeudo se cancela de manera automática, pero no es el caso del SAT, que pese a la muerte del contribuyente sus obligaciones fiscales continúan, además exige saber si la persona tenía un actividad profesional, hasta cuándo dejó de pagar impuestos, debe presentar la declaración anual, que los deudos informen qué van a hacer con los bienes, si se dedicaba a arrendar pide que le digan quién va a seguir pagando los impuestos y si el desaparecido contribuía al fisco con rentas, que los bienes que dejó sigan generando rentas.

Lo que recomienda el Colegio de Contadores es que las albaceas o quienes queden a cargo del patrimonio de la persona, debe acudir al SAT a notificar la muerte del contribuyente y hacer el trámite de cancelación del RFC, trámite que es sencillo si el difunto sólo tenía una actividad empresarial o era asalariado, pero se vuelve difícil cuando está de por medio una herencia y hay un adeudo pendiente con el Fisco, por lo que la autoridad estará en la sucesión para recuperar su parte y una vez concluido el procedimiento se podrá cancelar el Registro Federal de Causantes.

Con lo anterior cobra vigencia aquellos spots que fueron populares en la década de los 80-90, en que aparecía “Justino Morales” y “Lolita”, para recordar que era el tiempo de pagar los impuestos y remataban con “no tengas problemas con Dolores”, a manera de que era preferible acercarse a Hacienda o de lo contrario entraría en acción Justino Morales.

NI ALLÁ NI AQUÍ

Difícil que suceda pero bien podrían los priistas replantear aquella parte de la canción de José Alfredo Jiménez: Cuando vivas conmigo, que a la letra dice: “tengo el pelo completamente blanco pero voy a sacar juventud de mi pasado”. Son demasiados los años que han pasado desde que en 1929 se fundó, pero parece más lejano desde aquel 2000 en que perdió por primera vez la Presidencia de la República y aunque la recuperó en 2012 la volvió a perder en 2018. Hoy sólo queda los recuerdos, con un partido a nivel nacional en el que no se ponen de acuerdo el presidente y el líder de los diputados federales sobre la conveniencia o no de hablar sobre posibles alianzas para el año próximo, mientras que localmente el comité estatal mantiene la mudez que le ha caracterizado desde hace más de cuatro años. Sus tres diputadas y el diputado no “pintan” y los regidores de vez en cuando hacen alguna declaración de interés personal o municipal, olvidándose que son representantes de miles de militantes que aún en estos momentos se mantienen fieles a sus siglas, que sólo miran el cascarón en que están convertidas las oficinas de la avenida Adolfo López Mateos. Suponen que en 2021 habrá candidatos a diputados federales y locales y a las once alcaldías, pero será más de carácter presencial que competitivo, por lo que ven con malestar que seguirán viajando en el cabús del tren que conducen los panistas. Aunque no esperan que esto cambie a la brevedad, confían que en algún momento las dirigencias tengan los arrestos suficientes que hacer el intento de presentarse con un semblante menos sombrío.