Salvador Rodríguez López

Aunque no es una idea original, porque hasta para eso falta talento, la LXV Legislatura local pretende seguir los pasos de Tomás de Torquemada, el tristemente célebre creador de la Santa Inquisición durante el Siglo XV, al proponer la Ley de Manifestaciones Públicas en el Estado de Aguascalientes, que no sólo intenta restringir los más elementales derechos ciudadanos, como es el de reunirse pacíficamente y el de protesta en contra de hechos que afectan al conglomerado, sino que criminalizaría la protesta social.

La iniciativa –de alguna manera hay que encasillarla– la presentó el diputado del Partido Acción Nacional, Enrique García, bajo el argumento que se deben “regular” las manifestaciones públicas, para ello es necesario prohibir la libertad de reunión colectiva, asociación y manifestación y el uso de la fuerza pública cuando los manifestaciones no se ciñan a lo dispuesto por la disposición oficial.

Hasta ahora la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN no se ha pronunciado sobre el particular y tampoco la dirigencia estatal, silencio que podría significar que están de acuerdo pero que están a la espera de la reacción de la sociedad, lo que en gran medida los hace cómplices de esa desmesura.

Según el promotor de esta idea y convertido a la vez es el más bizantino misógino del Congreso del Estado (persiguió, afrentó y logró la salida de la ex magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia), es necesario controlar la vida conjunta, para ello los aguascalentenses deben pedir permiso a la autoridad cuando tengan algo que expresar en la vía pública, informar el día, la hora y las calles que ocuparán para hacerlo, petición que si se apega a lo dispuesto por la ley será autorizada, de lo contrario organizadores y participantes pueden ser detenidos por perturbar la paz social.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social dio la voz de alerta ante ese despropósito. Mediante un comunicado, más de 20 asociaciones y representantes de la sociedad civil rechazaron tajantemente el enunciado, al establecer que “criminaliza la protesta social, buscando ‘regular’ las manifestaciones públicas que tengan lugar en Aguascalientes a través de diversas medidas”, entre ellas la prohibición del derecho de reunión, asociación y manifestación y la legitimización del uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.

Rechazan de manera total la exigencia de que los ciudadanos deban informar por escrito a la administración pública estatal el propósito que tengan, hacerlo con 48 horas de anticipación y que incluya precisar lugar, hora, recorrido, finalidad, número de participantes y las razones que la motivan.

Por si fuera poco, García plantea que exista un solo horario para llevar a cabo la realización de la expresión ciudadana, que debe de ser entre las 11 y las 18 horas.

Sería tortuoso, peligroso, siniestro y deplorado que la bancada del PAN, que es mayoría en el Congreso, impulsara su aprobación y que de llegar a ocurrir se convertiría en el mayor retroceso a las libertades ciudadanas, al mismo tiempo que a nivel nacional pondría a Aguascalientes en el último lugar en los derechos político-sociales.

¿Y LOS ACUSADORES?

Un pasaje de la Biblia narra el encuentro de Jesús con la mujer que un grupo llevó a rastras, acusándola de cometer pecado de adulterio y de acuerdo la Ley de Moisés debería morir lapidada, para ello cada uno de los denunciantes llevaban una piedra en espera que Él también la condenara. Después de escuchar la imputación, Jesús expresó: “El que de vosotros sea inocente y no tenga pecado que arroje la primera piedra” y luego siguió escribiendo en el suelo. Levantó la mirada y sólo estaba la mujer y preguntó: “¿Dónde están lo que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?… Pues yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar”.

Hoy podría decirse lo mismo en el caso de Arturo Solano López: ¿Dónde están los que lo acusaron de supuestos delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública?, de lo que ha transcurrido cinco años y que llegó a su fin con la veredicto absolutorio, al no haberse comprobado que incurrió en un ilícito.

Solano López fue titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y de pronto su condición cambió diametralmente al ser acusado por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción, presidida por Jorge Humberto Mora Muñoz, que es parte de la Fiscalía General del Estado.

Desde que se presentaron las “pruebas” en contra del funcionario se mencionó que todo indicaba a un trasfondo político, lo que hoy se comprueba plenamente. Fueron cinco años en que Solano, además de haber sido detenido tuvo que enfrentar un proceso largo y por lo mismo desgastante anímica y económicamente, pero que no lo doblegó y en conclusión comprobó que era inocente de los cargos.

Con la sentencia absolutoria, emitida el pasado 13 de agosto, termina el proceso penal que se enderezó en su contra. Durante este tiempo, Arturo Solano y su equipo jurídico denunciaron violaciones procesales y de derechos humanos y lo más grave fue la privación de su libertad y que mediante pruebas se logró echar abajo; finalmente el juez de la causa señaló que era inocente de los cargos al considerar que no se acreditó ninguna de las inculpaciones de la Fiscalía, calificándolas de infundadas y al confirmarse que no existió delito alguno en contra del servidor, que fue parte del equipo de trabajo del ex gobernador José Carlos Lozano de la Torre, se le restituyeron todos sus derechos y quedó limpio su nombre.

Arturo Solano fue titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, de febrero de 2013 a diciembre de 2016. Renunció ante la acusación de presuntas contrataciones irregulares y pago a “aviadores” cercanos a Lozano de la Torre. Al principio, en enero de 2017, se le imputó el delito de peculado y de ejercicio indebido de la función pública y más tarde, en junio de 2017, el diputado del PAN, Jaime González de León, presentó una denuncia penal en contra de Solano López por el delito de “ejercicio indebido de la función pública”, por el presunto desvío de 15.7 millones de pesos, lo que no se pudo acreditar.

Después de cinco años llegó a su fin un caso que en su momento se presentó como un correctivo para los “malos funcionarios” y que hoy obliga a hacer la misma pregunta que Jesús le hizo a la mujer: ¿Dónde están los que acusaron a Arturo Solano? ¿Por qué su silencio? ¿Tendrán la suficiente hombría de admitir que no buscaban un escarmiento sino obedecer instrucciones de llevar al banquillo a quien hoy un juez ha exonerado?

ÉCHENLE UN LAZO

Aunque sea un guiño pero que se vea que existen. El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Raúl González, no se cansa de enviar señales a la gobernadora electa para que diga si alguno de este grupo será parte de su equipo, para ello disfraza la inquietud en que presentará una serie de propuestas para que mejoren los trámites diversos y apoyos financieros para rescatar a la micro, pequeña y mediana empresa. Adoptando el problema actual de la elevada inflación, dijo que los hombres de negocios han tenido meses complicados ante el encarecimiento de las materias primas para llevar a cabo la producción, algunas de las cuales se han incrementado hasta en un 100%, por lo que tienen el interés de presentar a la próxima mandataria un paquete encaminado al fortalecimiento de los negocios, entre ellos la continuidad de apoyos financieros por medio de fideicomisos para el acceso a recursos frescos, además que se aplique la homologación entre Gobierno y municipios en los requerimientos solicitados para la construcción de vivienda, lo cual afirmó tardan hasta dos años en resolverse. Llegado el día en que los reciba, presentarán otras inquietudes que surjan de parte de los socios del CCEA, esperando que el diálogo entre ambas partes sea la constante en la nueva administración. Mientras se llega la fecha de la audiencia, no estaría por demás que la futura titular del Poder Ejecutivo les hiciera saber cuáles son sus propósitos que tiene para quienes son parte del organismo empresarial, que es a final de cuentas el asunto total.