Érika Hernández Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.-Como pocas veces, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se unieron.
Descalificaron el «Plan B» de la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal y ordenaron a la Secretaría Ejecutiva presentar ante la Suprema Corte los recursos legales para frenarlo.
Uno a uno, advirtieron las consecuencias de una legislación sin un diagnóstico técnico, sólo político: incertidumbre en los resultados, lluvia de impugnaciones, nulidad de elecciones, caos en la jornada electoral, colapso laboral y hasta robo del padrón electoral.
El Consejo General conoció ayer el informe sobre los efectos de la reforma electoral tanto en el proceso electoral de 2024 –considerado como el más grande de la historia por los cargos en juego– como en la actividad cotidiana del organismo electoral.
El representante de Morena, Mario Llergo, pidió retirar el informe del orden del día, con el argumento de que el paquete electoral aún está a discusión en el Congreso. Sin embargo, por unanimidad se rechazó la propuesta y se adelantó su discusión.
La primera en tomar el micrófono fue Norma de la Cruz, quien sorprendió, pues siempre respalda a Morena.
Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, calificó la reforma de regresiva en ese ramo, al desaparecer la Unidad encargada del tema y anular los avances en paridad y violencia de género.
Junto con sus compañeras, criticó que se limite al INE para garantizar la paridad en todo, además de disminuir las candidaturas a la Cámara de Diputados para sectores vulnerables, como migrantes, indígenas o jóvenes.
«Toda autoridad estaría impedida para disminuir el piso o el umbral mínimo de 50 candidaturas a diputaciones, sin embargo, con estas reformas se disminuiría ese derecho humano adquirido al sólo obligar a postular 25 fórmulas a los partidos políticos nacionales», recriminó De la Cruz.
La consejera Dania Ravel aseguró que los cambios sobre propaganda electoral permiten a todos los funcionarios que hablen de temas prohibidos en el proceso, argumentando libertad de expresión.
Además, cuestionó que se le dé el poder de decisión al titular del Órgano Interno de Control, Jesús George, aliado de Morena, pues, contrario a la Constitución, ahora se propone que pasen por sus manos decisiones, cuando su papel es únicamente como fiscalizador.
Su compañera Adriana Favela aseguró que el número de casillas o elecciones anuladas ha sido mínimo, y en casi todos los casos fue por culpa de los partidos, no del INE, lo que habla de una organización impecable. Sin embargo, advirtió, ese panorama podría cambiar.
Advirtió que con la desaparición de las juntas distritales permanentes, una persona que quiera realizar un trámite en esas oficinas deberá trasladarse hasta la capital. El problema será para los ciudadanos que viven en zonas tan alejadas.
«Evidenciamos, con datos, algunos riesgos que nos preocupan y que lo único que nosotros queremos es que las elecciones sigan siendo confiables y que todos los partidos políticos puedan ir accediendo al poder, como también ha sucedido en los últimos años», dijo la presidenta de la Comisión de Quejas.
El consejero Jaime Rivera acusó que se resta autonomía técnica y constitucional a la Unidad de Fiscalización, al convertirla en una dirección, además de suavizar el proceso.
Por ejemplo, al limitar al INE a fiscalizar procesos electorales y de participación ciudadana y actividades ordinarias de los partidos, pero no otros casos.
«¿Suena bien? Pues no, porque esto limita el margen de acción del instituto al restringir la posibilidad de fiscalizar actividades irregulares que los sujetos realicen o que no estén previstos en los supuestos establecidos en la ley.
«¿Qué se busca con esta restricción? Que el INE no pueda agotar, a través de sus órganos técnicos especializados, la búsqueda y valoración de la información que pueda revelar actividades irregulares, muchas veces simuladas, o bien, ocultas mediante maniobras de fraude a la ley», alertó el presidente de la Comisión de Fiscalización.
Los consejeros criticaron el adelgazamiento de la estructura del INE, con la que Morena afirma que se ahorrarán 3 mil millones de pesos, por lo que advirtieron que ante los cientos de empleados que despedirán, el organismo también entraría en una crisis financiera para el pago de indemnizaciones, justo en un año en el que arranca la elección presidencial.
Al finalizar su exposición, todos los consejeros ordenaron al Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, interponer los recursos legales necesarios para frenar la reforma.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, cerró los discursos, demandó a la Suprema Corte «poner a salvo a la democracia y la estabilidad política del país».
«Lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral.
«Todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto, ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios; con todo y lo que ello implica, insisto, en materia de gobernabilidad democrática y paz pública», apuntó.
Los representantes del PRD, PAN, MC y PRI respaldaron el informe, e insistieron en que Morena busca que no haya elecciones y darle carta abierta a sus «corcholatas».
