El fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, reconoció que la mayor inversión en recursos económicos para pruebas de genética molecular debe dirigirse a investigaciones por delitos de alto impacto.
Argumentó que se debe dar prioridad a la investigación criminal, por encima de las demandas de paternidad, tomando en consideración que existen cerca de 200 dictámenes pendientes de realizarse por parte de la Fiscalía.
La Dirección de Investigación Pericial ha enfocado sus actividades en el análisis de pruebas de identificación genética en casos como ahogamientos de personas, así como en la identificación de cadáveres incinerados, que requieren probar de manera científica la identidad de esos cuerpos.
Agregó que, al tener registros de personas desaparecidas, la Fiscalía debe realizar muestras genéticas a los familiares para tener la posibilidad de realizar la comparación cuando se ubican cuerpos no identificados, a fin de comprobar un lazo sanguíneo. En la medida en que se deben aplicar pruebas de identidad genética a cuerpos que llevan muchos meses fallecidos, resulta mucho más complejo aplicar este tipo de pruebas, que representan un mayor costo, subrayó.
Expuso que se tiene un alto número de solicitudes de pruebas genéticas atendidas por juzgados familiares, que se realizan de manera gratuita, y sería factible que estos estudios de ADN pudieran cobrarse. Señaló que durante el año 2023 se aplicaron más de 59 mil dictámenes periciales en los siete laboratorios a disposición de la Fiscalía, con el fin de encontrar evidencias científicas para la resolución de los casos.
Figueroa Ortega manifestó que con la adquisición de un nuevo equipo de aplicación de pruebas genéticas se espera aumentar la capacidad de aplicación de pruebas, como uno de los aspectos en los que la instancia investigadora presenta mayor demanda.