Lic. René Urrutia de la Vega
Aguascalientes fue sede, hace apenas unas semanas, de uno de los eventos más emblemáticos en nuestro país en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, contando con la presencia, como auspiciantes, de la Academia Nacional del FBI, Grupo México. A.C., representantes del FBI en México e Interpol, todo ello en un gran esfuerzo realizado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con la colaboración de la Fiscalía General del Estado, resultando en un evento de talla internacional de primer nivel.
Diversas exposiciones de expertos extranjeros (Estados Unidos, España, Guatemala, Puerto Rico, Colombia), así como el Doctor Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes y la Maestra Michele Olmos, directora general del C5i, abordaron temas torales para el análisis del fenómeno delictivo con visión de amplio espectro y dando a conocer al mundo las bondades y expectativas del proyecto “Blindaje Aguascalientes” que está atrayendo la atención de propios y extraño, ya que ha comenzado a dar resultados que saltan a la vista y que son reconocidos por la población de Aguascalientes y de muchas entidades federativas de nuestro país.
Si hablamos de procuración de justicia, debemos hacerlo, necesariamente, desde la perspectiva de la investigación criminal, puesto que la justicia no puede ser entendida sino mediante el combate frontal y decidido a la impunidad, no puede pensarse esa lucha si no se cuenta con un modelo de investigación eficaz para el esclarecimiento de un hecho delictivo que permita conocer con toda claridad y a partir de la evidencia obtenida qué fue lo que ocurrió y quién o quiénes fueron quienes llevaron a cabo el acto o conducta que trascendió a la esfera de lo penal y que, por consecuencia, merece tener una pena.
La investigación criminal en México sigue siendo, definitivamente, un reto; mucho se ha hablado de ella y se han propuesto diversos modelos, hay muchas ideas al respecto, pero lo cierto es que aún no se ha logrado aterrizar un modelo homologado de investigación que permita establecer sistemática y metódicamente una correcta coordinación intra e inter institucional, que permita eliminar o, por lo menos, disminuir al mínimo la intervención de criterios de tipo político y optimizar las capacidades operativas de los intervinientes activos en el acopio, procesamiento y aprovechamiento de la información relevante y significativa, es urgente un modelo de investigación que parta de un liderazgo articulante que aproveche al máximo los beneficios de la sinergia que debe existir entre los protagonistas de la investigación: fiscales, policías, peritos y analistas, algo que nos lleve a construir con verdadera vocación y que emerja de un eficiente servicio profesional de carrera y de una formación inicial y capacitación continua integrales para todos estos operadores institucionales.
Una investigación criminal que cumpla con estos estándares, operada con el andamiaje de una estructura institucional rediseñada con base en los principios del Sistema Procesal Penal Acusatorio y las exigencias propias de un verdadero Sistema de Justicia que funcione como tal, estableciendo como punto principal del enfoque de esfuerzos la inteligencia, dejando atrás las viejas prácticas y los vicios propios del sistema tradicional, respetando los principios constitucionales de la reforma de 2008.
Un nuevo modelo de justicia debe permitir que sean las policías, los peritos y los analistas de información quienes desarrollen las investigaciones de carácter empírico, científico y tecnológico y dejar a los fiscales la parte articulante de la información y la evidencia con base científica, para llevar los casos ante los tribunales y darle forma y sentido, obteniendo resoluciones y sentencias judiciales que impongan consecuencias jurídico penales a los delincuentes disminuyendo los, hasta ahora, altos índices de impunidad que prevalecen.
Sin embargo, todo ello no va a ser posible sin una exigencia especial, entre muchas otras de carácter técnico y administrativo, que consiste en la asignación de un presupuesto suficiente, y por suficiente debemos entender aquél que permita cubrir con solvencia, e incluso con abundancia razonable, las necesidades y exigencias propias de un aspecto tan relevante para la vida de un país.
