Tras la presentación del nuevo Código Urbano del Estado, pide el Colegio de Arquitectos a la autoridad estatal que se abroguen los dos reglamentos de peritos publicados el año pasado, dado que violan al mismo Coteduvi en su operatividad, destacó su presidente, Ignacio Jiménez Armas.
Recordó que los dos reglamentos de peritos fueron publicados el 25 de marzo de 2021, los cuales violan al nuevo Coteduvi porque éste no dice que se forme un reglamento, sino que sea una inscripción de peritos, dado que son facultades de los municipios crear el Comité de Reglamento y obviamente su Reglamento, como es el caso de la ciudad capital que ya los tiene, “entonces ahí hay una duplicidad de atribuciones que no le corresponden al Estado”.
Apuntó que esta situación, ya se la hizo saber a la gobernadora Tere Jiménez Esquivel y al titular de SEPLADE, Guillermo de la Torre, quienes le externaron que lo van a checar. “Vemos su voluntad por lo que nada más esperamos que hagan la publicación en el Periódico Oficial del Estado para que se abrogue este reglamento y estar acorde a lo que señala el artículo 115 de la Constitución, de que no debe haber esa doble atribución, sino que sea únicamente el Municipio, el que tenga las facultades sobre los peritos de tener este reglamento y este comité que ya existe”.
Subrayó que para los municipios foráneos que no cuentan con tal Comité, ahí sí aplicaría, pero no sería un Reglamento, sino un Registro de Peritos donde la Seguot puede tener esa facultad.
Tras opinar sobre las recientes modificaciones al Coteduvi, dijo que el Colegio de Arquitectos está de acuerdo, ya que de esta manera se darán más facilidades a los inversionistas locales, nacionales y extranjeros que quieran invertir en materia de desarrollo urbano en la entidad.
Aplaudió que desaparezca el Dictamen de Congruencia, el cual sólo entorpecía las inversiones y que se cree la Procuraduría de Desarrollo Urbano para la resolución de controversias, además de que las donaciones ahora podrán ser en infraestructura y no en superficie de terreno, que favorecerán al Estado en caso de requerir alguna infraestructura como ampliación de un centro de salud, de una escuela, una cancha, un aula, ampliación o remodelación de baños, entre otros.