Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal invalidó una condena de 40 años de prisión a Daniel Arizmendi López, «El Mochaorejas», y a su hermano Aurelio, ante la presunción de que fueron objeto de torturas para confesar su participación en cinco secuestros registrados hace 25 años.
La resolución no implica que los hermanos Arizmendi queden en libertad, pues al menos el primero acumula condenas por más de 350 años de prisión en distintos procesos penales.
El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ordenó volver a analizar el caso y dictarles otra vez sentencia, pero sin tomar en cuenta 14 declaraciones de integrantes de la banda de plagiarios, incluidos los sentenciados, las cuales fueron anuladas por ilegales.
También instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación y practicar el Protocolo de Estambul a ambos, para establecer si efectivamente fueron torturados.
En este caso se acusó a Daniel y Aurelio Arizmendi de cinco secuestros registrados entre el 13 de septiembre de 1996 y el 15 de octubre de 1997 en el centro del País, por los cuales cobraron rescates por un total de 10 millones de dólares y 8 millones de pesos.
«El Mochaorejas» fue condenado a 40 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad, en las modalidades de secuestro y tentativa de secuestro; mientras que a su hermano Aurelio lo sentenciaron por los mismos delitos y también por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y resistencia de particulares.
El tribunal tomó en cuenta como antecedente que los Arizmendi y sus presuntos cómplices dijeron en demandas de amparo haber sido víctimas de vejaciones, además de que existen dictámenes médicos que certifican que presentaron lesiones como escoriaciones, deformación de articulación de rodilla y fracturas, entre otras.
Otras de las razones por las que el colegiado ordenó reponer el procedimiento, es porque tomó en cuenta el estudio de personalidad de los secuestradores para individualizar las penas, es decir, el nivel de «peligrosidad», lo que se considera una violación de garantías.