La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la fracción III del artículo 51 Bis, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, que limita el acceso a determinados cargos públicos. El fallo en cuestión anula la exigencia de que los aspirantes a titular del órgano interno de control municipal no hayan sido candidatos a puestos de elección popular en los cinco años anteriores a su nombramiento. Esta disposición estaba contenida en la fracción III del artículo 51 Bis de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

La decisión de la Corte, tomada en la sesión del pleno celebrada este martes 30 de abril,  surgió a partir de la controversia constitucional 84/2022, promovida por el municipio de Jesús María, que argumentó que este requisito constituía una barrera injustificada, al basarse más en consideraciones políticas que en la competencia o idoneidad para el cargo. La SCJN coincidió con esta perspectiva, indicando que la condición impuesta no guarda relación directa con las responsabilidades inherentes al cargo, y por lo tanto, puede considerarse discriminatoria y excluyente.

Como resultado, el criterio impugnado ha sido eliminado, pero es importante destacar que los efectos de esta sentencia se limitan al municipio que interpuso la demanda, es decir, Jesús María. Esto significa que otros municipios en Aguascalientes que cuenten con una regulación similar no se verán afectados por este fallo, a menos que también decidan impugnar dichas normas.