Staff
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte invalidó ayer en definitiva la política eléctrica establecida en el denominado “Decreto Nahle”, que limitaba a productores privados de energías renovables y favorecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La Segunda Sala de la Corte eliminó 22 disposiciones de la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” de la Secretaría de Energía (Sener), a cargo de Rocío Nahle, por violar el marco Constitucional en materia de libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica y transición a energías limpias.
Por cuatro votos contra uno de la Ministra Yasmín Esquivel, se echó abajo el instrumento publicado el 15 de mayo de 2020, y se declaró fundada la mayor parte de los argumentos de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), que presentó esta controversia.
“El Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a Cofece, toda vez que anula presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica”, dice el fallo, propuesto por el Ministro Luis María Aguilar.
Entre lo anulado por la Corte está la disposición para que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) desplazara en cualquier momento las centrales eléctricas que estuvieran “fuera de mérito” en el despacho eléctrico, lo que afectaba la libre competencia al poner barreras a generación que puede ser más barata y eficiente.
El lunes pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual retoma todas las disposiciones de la Sener que fueron anuladas ayer por la Corte, por lo que, de ser aprobada, requerirá litigios adicionales de las empresas afectadas y de la propia Cofece.
La Corte aclaró que si bien la Sener es la autoridad facultada para emitir las políticas del SEN, éstas deben ajustarse al marco constitucional y legal vigente, que deriva de la reforma energética de 2014.