Staff
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el nuevo Gobierno de San Luis Potosí, no sólo el Mandatario Ricardo Gallardo Cardona tiene mantos de sospecha por su pasado por presuntos actos delictivos; integrantes de su Gabinete también tienen señalamientos por transas y estafas.
Entre ellos está José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, quien cuando era diputado estuvo involucrado en la limpia de cuentas públicas municipales a cambio de moches en la llamada «Ecuación Corrupta».
El diario Pulso de San Luis Potosí exhibió un video de las transas del entonces legislador y que Grupo REFORMA divulgó el 13 de junio de 2017.
Otro es Ignacio Segura Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), quien como dirigente estatal del PRD fue acusado por la dirigencia nacional del partido de desviar 15 millones de pesos, supuestamente a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Segura Morquecho fue expulsado por actos de corrupción, traición al partido y enriquecimiento ilícito en junio de 2020, cinco meses después, el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dieron entrada a investigaciones después de las denuncias presentadas por la dirigencia nacional del PRD.
El ahora funcionario del gabinete estatal podría tener acceso en su nuevo cargo a una bolsa de 10 mil millones de pesos para programas sociales, de acuerdo con lo expuesto por Gallardo Cardona.
Noé Lara Enríquez, nuevo Oficial Mayor, estuvo involucrado en la contratación de Sandra Sánchez Ruiz, titular de empresa fantasma «Comercializadora Sanfer», la cual facturó más de 70 millones de pesos a los Ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, encabezados por Gilberto Hernández y Ricardo Gallardo Juárez, respectivamente.
La Administración de Ricardo Gallardo Juárez, padre del actual Gobernador, pretendió justificarlos con 30 facturas elaboradas todas el 4 de mayo de 2016 (para comprobar gastos realizados entre noviembre de 2015 y febrero de 2016), las cuales se emitieron en un lapso de 18 minutos.
José Luis Urban Ocampo, regresa a la titularidad de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), cargo que desempeñó en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández hasta abril de 2015, cuando fue cesado luego de que medios locales difundieran una conversación telefónica en la que se confabula con el entonces candidato del PAN a alcalde de Soledad, Juan Carlos Velázquez, para atacar públicamente al PRD y sugerir vínculos de este partido con el crimen organizado.
Durante su gestión a cargo de la Policía Estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió varias recomendaciones por violaciones a derechos humanos, atribuidos a elementos estatales por abusos policiacos de distinta índole.
Además de arroparse con los perfiles cuestionados, Gallardo Cardona incumplió su promesa de un Gabinete con equidad de género, pues de 15 integrantes, solo 3 son mujeres.