Salvador Rodríguez López

Las comparecencias de los titulares de dependencias ante el Congreso del Estado, para que expliquen, amplíen o aclaren los datos aportados por el gobernador en su informe anual de labores, carecen de valor real, debido a que no se les puede aplicar ninguna sanción si niegan alguna referencia que demandan los legisladores, por consiguiente la más de las veces es un juego de vencidas, en donde los diputados tratan de exhibirlo y el compareciente socarronamente le da la vuelta a las preguntas.

Es ostensible que los funcionarios no van a aceptar que existen errores en las áreas a su cargo, por lo que para todo tienen una salida, que sea o no efectiva es a la que se apegan para salir lo mejor librado posible, en tanto los legisladores tratan de demostrar que son conocedores del tema haciendo preguntas capciosas, pero muchas veces les pasa lo que con algunos políticos, que se saben de memoria el expediente, por lo que recitan las preguntas, pero cuando alguien les pide que amplíen sus argumentos no saben qué decir y se salen por la tangente.

Durante 18 años el autor de este espacio cubrió la fuente legislativa, por lo que entiende del asunto, máxime que tuvo que estar presente por tres, cuatro o más horas de cada comparencia y al momento de hacer un resumen de lo vivido había muy poca sustancia, ya que por regla general la oposición se preparaba para el ataque frontal y el grupo oficialista a la defensiva, lo que hacía de aquello un auténtico herradero, como así se consignó en su oportunidad en la información que publicó este Diario.

El problema de fondo es que los diputados, sean de uno u otro bando, no analizan ni investigan sobre los asuntos a tratar y tampoco se preparan mentalmente para hacer de las comparencias un diálogo fluido, del que surja propuestas de solución a los problemas que enfrentan las dependencias y que inevitablemente repercuten en los ciudadanos, más bien alistan dardos y flechas en la búsqueda vana de aniquilar al “invitado”.

Quien comparece sabe que es el objeto del deseo de los “contrarios” y también sabe que de la otra parte tendrá el cobijo necesario para evitar que lo lleven a la piedra de los sacrificios, por lo que todo queda en una más de las vaciladas legislativas y como parte del anecdotario de los concurrentes.

Aquí copian las malas costumbres de sus mayores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, donde lo más importante no es saber porqué hay fallas en el servicio público y de qué manera se pueden solucionar, sino hacerse los graciosos presentándose con pancartas, máscaras y tomando la tribuna, buscando lo más florido de su lenguaje para denostar al compareciente, con la esperanza de que en sus pueblos de origen tomen en cuenta lo “combativos o combativas” son, cuando lo único que logran es dar pena ajena.

Por lo pronto, a partir del día 22 de este mes el parlamento estatal convocó a cinco funcionarios, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, sesiones en las que habrá tres participaciones, como son la fracción legislativa mixta del PAN-PRD, representantes de Morena y el Grupo Parlamento del PRI y el mixto que integra el PES. PVEM y PNA.

En su momento se sabrá cuál fue el comportamiento de las y los legisladores y si supieron honrar el lugar que ocupan o nuevamente harán de las sesiones una chuscada.

A LA ANTIGÜITA

Si no hay clases presenciales y tampoco reuniones de padres de familia ¿quién autorizó las cuotas “voluntarias” y la cantidad correspondiente?

Según Viridiana Amaya Guerrero, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, se llevó a cabo un “complicado proceso” de manera virtual y que concluyó con la integración de la mesa directiva en cada escuela, de las 1,412 que hay, lo que derivó en que el 60% quedaron sin cambio y el 40% restante sí hubo movimientos.

Asimismo, que a través de la computadora se acordó la forma en que quedarían las aportaciones “voluntarias” y la mitad de las mesas directivas optó por solicitar que de manera inmediata se haga el pago y la otra parte fue más congruente al establecer que se haga hasta que se regrese a clases presenciales. Como un favor para los paterfamilias, las directivas decidieron no subir el cobro, por lo que será el mismo del año pasado.

En este sentido las cuotas quedaron de la siguiente manera: en preescolar o jardín de niños de 250 a 300 pesos; en primaria de 300 a 450 pesos y en secundaria de 550 a 700 pesos, dinero que, presuntamente, se utilizará en sistemas de vigilancia, seguridad y en la instalación de cámaras de videovigilancia, con la finalidad de reducir los latrocinios.

La cuestión radica en determinar cuántos padres de familia votaron de manera virtual, porque una parte de ellos no tiene acceso a ese sistema, máxime que más de 100,000 niños, adolescentes y jóvenes carecen de computadora o tableta para estudiar, por el papá o la mamá no pueden hacerlo.

Es indiscutible que debe haber una colaboración de los padres para el mejor desempeño de sus hijos, para ello la escuela debe contar con los elementos necesarios que les permita mejorar el aprendizaje, un buen ambiente y un sano desempeño, pero toda cooperación debe de ser consensuada y no actuar al estilo de don Perpetuo del Rosal, que por sus pistolas los habitantes de San Garabato hacían lo que él ordenaba.

Todo ello sin olvidar que lo que se insiste como cuota voluntaria es una violación al Artículo 3º. Constitucional, que con todas sus letras dispone que la educación pública es gratuita y todo lo que haga o se diga en sentido contrario es ilegal. Podrá esgrimirse toda clase de argumentos pero todos caen por tierra frente a lo que ordena la Carta Fundamental.

Lo interesante será determinar si habrá represalias para quienes no cooperen, mismas que se niega que existan y sin embargo las hay.

DEFENSA A ULTRANZA

El secretario de finanzas municipales, Alfredo Cervantes García, informó que en la Ley de Ingresos 2021 se incluyó la Aportación Social de Alumbrado Público (ASAP), -que fue la forma mañosa con que se disfrazó el conocido Derecho de Alumbrado Público (DAP) que por muchos años han pagado los aguascalentenses-.

Lo anterior pese a la sentencia que por segunda vez emitió la SCJN, en la que ordena cancelar de inmediato el cobro y no se ha hecho bajo el fundamento que es “un asunto que está en proceso”, por lo que si por tercera, o cuarta vez, se reitera la disposición entonces podría hacerse un ajuste en el ingreso previsto para el año próximo.

La autoridad municipal hace una defensa a ultranza de los 160 millones de pesos que dejará de captar por el ASAP, amagando que si finalmente tiene que prescindir de esa cantidad “habrá recortes a programas no prioritarios”, sin definir cuáles son esos, que por lo mismo si no son una prioridad cuál es el problema de que no se hagan.

Mientras tanto continúa exigiéndose el mencionado pago, del que no es posible escaparse en virtud que se agrega al recibo de energía eléctrica, por lo que sólo queda que la Corte aplique las sanciones que correspondan y se termine con esa transgresión.

HAY NIVELES

En una ocasión un individuo desafió al gobernante en turno para definir quien de los dos tenía la razón, entonces el mandatario mandó llamar a un funcionario de tercera categoría para que le respondiera, al considerar que ese era el nivel que tenía el retador. Algo similar debe hacer el contador Fernando Herrera Ávila, porque además de ser actualmente el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ha sido senador, regidor, diputado local y funcionario público, de manera que – como en los carteles taurinos – el alternante tiene que ser de su misma  jerarquía.