Insuficiente y con sabor agridulce deja la prórroga de un mes otorgada por el Gobierno Federal para que las empresas que ofrecen servicios de subcontratación, se pongan al corriente con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE), señaló el ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, José Alfredo Franco Hernández.
El especialista comentó que con esta extensión del plazo hasta el 1º de septiembre, se espera un cumplimiento de más del 50% de parte de las empresas que se dedican a brindar servicios de subcontratación especializada, tales como las de limpieza, comedor, vigilancia y actividades de construcción o contratistas.
Sin embargo, consideró que esta ampliación de un mes es insuficiente, por lo que debió haberse dado hasta 2 meses para que este tipo de empresas puedan cumplir a cabalidad lo que les pide el REPSE, recordando que muchas tuvieron una mayor problemática en temas de cumplimiento de sus obligaciones ante el Infonavit, ya que en varios casos, las empresas de reciente creación o con opiniones positivas en el Infonavit, no les aparecían en el sistema a la hora de querer hacer su registro.
Destacó que otro cambio importante con dicha prórroga, es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no va a poner tanto cuidado en el tema de la opinión de cumplimiento del Infonavit, a fin de coadyuvar a que haya un mejor acatamiento de las obligaciones por parte de este tipo de empresas.
Ante este escenario, dijo que habrá que estar al pendiente de si se pudiera dar otra prórroga por parte de la autoridad, lo cual pudiera ser poco probable para el cumplimiento de reglas para el outsourcing entre particulares. “Muy posiblemente va a haber varios proveedores que no tendrán el registro aún para esas fechas, a partir del 1º de septiembre y habrá que estar pendientes a cómo va a estar la actividad fiscalizadora del SAT ante estas modificaciones, donde ya no va ser deducible de impuestos, salvo cuando sea especializada o cuando se compruebe que el proveedor cuente con el registro”.
Finalmente, recordó que la ley contempla multas a este tipo de empresas por incumplimiento hasta por 4 millones 481 mil pesos, por lo que no podrían seguir operando, además de ser acreedoras a una inspección de parte del SAT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.