Aunque la justicia federal hace unas semanas haya determinado la legalidad en el nombramiento del titular del Órgano Superior de Fiscalización, Francisco Muñoz Castillo, para la Coparmex eso no quiere decir que haya constitucionalidad en su función, por lo que el sindicato patronal mantiene su inconformidad. Ello, a pesar de que Muñoz entró en funciones hace más de siete meses y está por presentar resultados de las auditorías a las cuentas públicas estatales y municipales del 2019.
El presidente del organismo empresarial, Juan Manuel Ávila Hernández, refirió que en la consulta con los abogados que se han encargado del tema, lo que es un hecho es que la inconstitucionalidad en dicho nombramiento prevalece. Agregó que si bien la Justicia Federal ha emitido un dictamen, podría buscarse otra manera para insistir en la impugnación.
Comentó que este tema ha sido tratado desde junio del año pasado y no se quitará el dedo del renglón en cuanto a la ilegalidad en la permanencia del titular del Osfags, y aclaró que no es un tema personal contra él, sino en la forma en que los legisladores llevaron a cabo el proceso.
OTROS RECURSOS. El líder de los empresarios agregó que es un tema aparentemente ya resuelto, pues la última palabra la tendría el Poder Judicial Federal. Sin embargo, también se está haciendo una revisión profunda y no se descarta la posibilidad de que se presenten otros recursos en busca de anular la designación del auditor general, que ya tiene más de medio año ejerciendo esa función. Lo que se pretende es que se anule la designación y se vuelva a repetir el proceso.
OTRO CASO. Por otro lado, la Coparmex revisa el asunto del nombramiento de Alejandra Yazmín Sandoval ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. En este tenor, comentó, “hubo un cambio también en la titularidad del Comité Anticorrupción, y estaremos revisando la estrategia legal”, por lo que insistió en que el tema no es contra las personas, sino por la manera irregular de realizar los procesos, “no tenemos nada contra los titulares ni contra el Congreso, sino contra la acción”.
Sin duda, se trata de procesos legales que serán tardados, ante las limitaciones que se tienen en los juzgados en este tiempo de pandemia, sin embargo, eso no obsta para dejar que las cosas se resuelvan de manera inconstitucional.