Verónica Gascón
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el Gobierno amagó con pedir al Congreso discutir el outsourcing vía fast track, el sector privado insistió en que el reparto de utilidades a los trabajadores debe toparse a 30 días.
La discusión del reparto de utilidades debe ser abierta para definir un sistema justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en algunos sectores, afirmó Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo, al hablar en el foro “Diálogos nacionales sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas”.
Al respecto, representantes del sector privado señalaron que el reparto de utilidades debe toparse como una forma de compensar la desaparición de la subcontratación.
Francisco Cervantes, presidente de Concamin, dijo que el reparto debe acotarse a un mes de salario y no con base en 10 por ciento de las utilidades netas de las empresas.
Carlos Salazar, presidente del CCE, expuso que en caso de modificar la fórmula se debe hacer con base en la productividad.
“En nuestra opinión, el PTU es una prestación debería siempre incentivar la productividad de los empleados, así como el desarrollo de las empresas”, recalcó.
Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que las utilidades “son sagradas” y no una prestación, sino un derecho de los trabajadores.
Al referirse al outsourcing, Alcalde dijo que solicitará que la propuesta tenga un trato preferente en la Cámara de Diputados cuando inicie el periodo de sesiones en febrero.
“Una vez que inicien las sesiones del Congreso, en este caso específico en la Cámara de Diputados, señalar la iniciativa como preferente, esto genera, da la prioridad y establece un plazo de 30 días para que en el seno del Congreso se puede discutir y, en su caso, aprobar”, afirmó.
El año pasado, el Ejecutivo envió a Diputados una iniciativa para prohibir el outsourcing, excepto la subcontratación para trabajos especializados.
Tras un diálogo entre el sector privado e integrantes del Gabinete para evitar la desaparición de este esquema, en diciembre pasado Gobierno, CCE y representantes del sector obrero firmaron un compromiso para erradicar de forma paulatina la subcontratación abusiva y acordaron revisar el tema del reparto de utilidades.
Ayer, en el foro organizado por la STPS, el sector privado se refirió en reiteradas ocasiones a las afectaciones que traerá la prohibición del outsourcing.
Aunque el diálogo fue cordial, al final Salazar reclamó a Alcalde que la carga siempre la llevan las empresas formales y no se ataca la informalidad.
Alcalde respondió que los desequilibrios fiscales se están combatiendo desde el Gobierno al cobrar a las grandes empresas que no solían pagar contribuciones.