Jesús Omar Marroquín Hernández 
Agencia Reforma

CDMX.- En el contexto de la pandemia por Covid-19, los 12 médicos investigados por emitir al menos mil 888 certificados de defunción de manera anómala pudieron encubrir “infecciones que atenten contra la salud de la población en general” o también delitos por muerte violenta en la CDMX.

En la denuncia presentada, el Coordinador Jurídico y de Normatividad de la Agencia de Protección Sanitaria, Ulises Pantoja, advierte que estas irregularidades también tienen una repercusión en los sistemas de información de salud: representan un daño sanitario.

“De las comparecencias se presume que al estar mal realizadas las certificaciones, por no estar presentes frente al cuerpo de la persona fallecida, se presume el encubrimiento de delitos de muerte violenta o infecciones”, se lee en la denuncia.

“No se podría tener el control exacto ni oportuno de una pandemia como la que estamos viviendo en la actualidad, de ahí la preocupación por parte de mi representada (APS) de que se investigue el correcto actuar de los profesionistas descritos”.

Por ejemplo, uno de los implicados registra “infarto agudo al miocardio” como causa de defunción en el 42 por ciento de los casos y repite como diagnóstico “neumonía adquirida en comunidad” en posibles casos de Covid-19.

Identificados como Eunice, Mayra Dolores, Gonzalo, Mario Gabriel, Miguel Ángel, Verónica, Judith Bertila, Andrés César, Irwing, Brenda Amanda, Víctor y Juan Octavio, los médicos fueron denunciados el 22 de mayo de 2020 ante la Fiscalía capitalina.

Según las constancias ministeriales, Brenda Amanda es la única servidora pública, ya que presta sus servicios en el área de Trámites Funerarios de la propia APS. El resto son médicos particulares.

En la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-8/UI-1S/D/00051/06-2020, todos son acusados por la Agencia de Protección Sanitaria de los delitos de uso indebido de documento oficial y falsedad ante autoridad “o de responsabilidad profesional”.

El grupo investigado “certificaba” muertes sin estar presente ante el cuerpo o por vía telefónica, lo cual les permitía emitir hasta 30 certificados de defunción en un solo día y significaba una mina de oro para ellos.

“Resulta necesario hacer mención que tales profesionistas manifestaron en comparecencia que reciben un pago por la elaboración de los citados certificados, de entre 500 y 1500 pesos por cada uno”, señala la denuncia ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la APS ya había denunciado el 23 de diciembre de 2017 ante el Ministerio Público a 5 de los 12 médicos investigados: Brenda Amanda, Eunice, Gonzalo, Irwing y Juan Octavio, así como a otros tres médicos de nombres Carlos, Javier y Luis Alberto, todos por irregularidades en el llenado de los formatos de certificados de defunción.