Podrá haber diversos métodos para definir quién sí y quién no obtiene una diputación o una regiduría, sea de mayoría relativa o de representación proporcional, pero con las variables que utilizan las autoridades electorales se cometen injusticias, al despojar a un ganador de su espacio para entregarlo a otro, amparados en la teoría de la igualdad de género o de que grupos minoritarios deben estar representados ante el Congreso y los cabildos.

Es irrebatible el derecho que les asiste a esos grupos de estar dentro de los cuerpos populares, pero deben competir al mismo nivel que los enlistados por los partidos, con lo que obtendrá el escaño quien haya alcanzado el mayor número de votos, o que en el prorrateo para definir los lugares “plurinominales” sea justamente a quien le corresponda.

Los problemas para los partidos comienzan desde que se preparan para integrar las propuestas de candidatos, ya que debe de ser de carácter paritario, esto es, mitad hombres y mitad mujeres, además que un porcentaje del total debe ser para jóvenes. En los distritos que se considere perdidos no debe ir una mujer, además no importa que alguno de los dos géneros carezca de personas capaces para hacer un buen papel, por lo que en esas circunstancias se debe echar mano de lo que se tenga y aún después de haber concluido con la miscelánea la autoridad electoral puede ordenar cambios que deben hacerse en un tiempo perentorio.

Las diputaciones y regidurías de representación proporcional se reparten a través de una serie de combinaciones matemáticas, en que también se tiene que tomar en cuenta quiénes de los perdedores obtuvieron mayor número de votos para poder acceder, lo que se ha prestado para denuncias de que se consideran perjudicados, al establecer que no se contempló equis o ye dato y con el cual debió haber ganado, hecho que lleva a que se presenten denuncias ante los tribunales electorales.

Se dice que se ha llegado a estos extremos por la “tiranía” que empleaban los mandamases de cada partido, de ahí que casi siempre eran los mismos que obtenían los mejores cargos de representación popular y que heredaban a sus hijos y luego a los nietos. Aunque hay algo de verdad, lo que es innegable es que para combatir esa situación se han ido al exceso, por lo que en la búsqueda de terminar con ese tipo de escenarios deberían ser los organismos electorales quienes decidan  por los partidos, de manera que antes de registrar una planilla o una fórmula podría enviarse a los organismos para que los palomeen, además que dejen que todo se decida en las urnas y sin movimiento alguno el reparto sea para quien le corresponda.

Todos sin excepción deben tener los mismos derechos y oportunidades y cuando esto suceda entonces sí se podrá afirmar que se vive en una auténtica democracia, por ahora lo que hay es un esbozo, un deseo de que los ciudadanos elijan y la autoridad respete esa claridad.

TERQUEDAD FEDERAL

Ante las condiciones en que trabajan los establos, se avizora una reducción en la cría y explotación del ganado, debido a que cada día es más difícil invertir en su sostenimiento y a cambio lo único que logran son pérdidas.

El sector pecuario ha sido de los más castigados no sólo durante la pandemia sino desde el momento en que la actual administración federal retiró los apoyos, por lo que del estancamiento actual podrían pasar al retroceso, lo que a final de cuentas vendrá pagando el pueblo, que deberá adquirir los productos del campo a precio más caro y lo cual favorece a los criadores de otros países, principalmente de Estados Unidos, que a través de las tiendas transnacionales introducen toda clase de productos.

En varias reuniones han expresado la urgencia de que se determinen las acciones necesarias para evitar el desplome, pero lejos de ello el Gobierno central mantiene la tesis que no dará ningún respaldo a éste y a otros sectores que proceden de la iniciativa privada.

Hasta la fecha no hay respuesta de los industrializadores de pagar más por litro de leche, por lo que seguirán presionando a nivel local y regional hasta lograr que sea atendido ese requerimiento, lo que ojalá no tarde, porque literalmente tienen el agua hasta el cuello.

Los datos que aportan pueden demostrarse, principalmente que el precio del maíz se ha encarecido al 100% en perjuicio directo de los estableros, teniéndose en cuenta que el precio que les pagan por la leche es el mismo de hace dos años.

Se han efectuado manifestaciones en municipios del estado de Jalisco y a las que se han sumado los aguascalentenses, en espera que los empresarios entiendan que la situación no puede seguir como en 2018 y menos ahora en que los subsidios fueron eliminados. Lo único que se ha logrado son mesas de negociación, pero no hay algo en concreto sobre una mejoría en su actividad.

Calculan que tienen pérdidas por el 60%, de ahí la urgencia de que exista una respuesta que ayude a elevar las condiciones en que operan, por lo que seguirán insistiendo ante las empresas como única posibilidad de que no desaparezcan corrales, de los que dependen cientos de familias.

Reiteran que se requiere mayor sensibilidad y aunque algunas empresas han empezado a dar algunos aumentos, éstos son insuficientes, por lo que con base en los datos que tienen y que pueden ser consultados por los industriales esperan que pronto se resuelva este diferendo.

En cuanto a un respaldo de la Federación no lo contemplan y menos por lo que ha señalado el titular del Ejecutivo, de que los recursos que disponga serán para “los de abajo”, lo que trae consigo que los inversores pequeños y medianos tienen que jugarla solos, esperanzados a que su suerte cambie.

VA A SER DIFÍCIL

El pasado 28 de mayo, el entonces candidato a la reelección por la Presidencia Municipal de Jesús María, Antonio Arámbula, se comprometió a que si recibía la mayoría de los votos convertiría el empleo temporal en programa permanente, lo que de entrada hay una contradicción porque las acciones transitorias se presentan inopinadamente, como puede ser una sequía prolongada o una tormenta o granizada que acabe con las cosechas y que obliga a los gobiernos a crear acciones para ofrecer trabajo a los afectados, que por regla general duran unos meses.

Es difícil creer que cada vez que el Ayuntamiento de Jesús María se vea obligado a generar un programa temporal en automático los contratados pasen a ser parte de la nómina, porque si éste fuera el caso abultaría enormemente el gasto anual, además que ese personal es empleado para un fin específico, que al concluir dejan de trabajar para el Gobierno Municipal.

La definición más cercana del trabajo temporal “es la contratación de una persona para llevar a cabo un trabajo de duración determinada”. Este tipo de actividades las hay en México, Estados Unidos y Canadá, lo mismo que en otros países del orbe y todos sin excepción tienen como regla que se trata de una labor por cierto tiempo, tan es así que los mexicanos que viajan cada año a Canadá lo hacen por seis, siete y hasta ocho meses y al llegar a su término de inmediato deben regresar a México, a la espera de que los vuelvan a llamar, lo que puede suceder si el patrón considera que han sido buenos empleados, de lo contrario no hay ninguna obligación laboral.

En este sentido va a ser difícil que en Jesús María se cambien las reglas internacionales. Arámbula asegura que a raíz de la pandemia su administración frenó el trabajo temporal pero ahora podrá reanudarlo, lo que beneficiará a más de 500 personas, entre madres solteras, hombres o mujeres con discapacidad y adultos mayores, que por diversas circunstancias no les dan trabajo y pueden encontrarlo en el Gobierno Municipal. Su propósito es fortalecer este programa y llegar a 1,000 empleos eventuales, porque a través de este esquema “se le da valor a las personas en su dignidad, se ha visto resaltada, y vale la pena decirlo, hay mucha gente que llevó un sustento a sus casas gracias a dicho programa”.

Lo único que queda es determinar si cumple esa promesa de campaña, porque como dijo el ciego, hasta que vea lo creeré.