En momentos que la sociedad está suavemente sensible ante la ola de contagios y muerte que provoca el Covid-19, se presenta una situación que raya en la perversidad, porque restringir o dejar sin medicamentos a los enfermos del Seguro Social y con ello obligar a los médicos a colectar lo necesario para atender a sus pacientes no tiene explicación.

Aunque no son nuevos estos problemas en el IMSS, como se puede constatar con los niños con cáncer,  la información aportada por El Heraldo en su edición del pasado 12 de noviembre planteó la urgencia de una respuesta que vaya más allá de las clásicas defensas y aclaraciones y de los compromisos que hacen los directivos locales y nacionales.

En la visita que hizo a esta entidad, el director general del Instituto, Zoé Robledo, anunció la reconversión de 111 nuevas camas para integrarlas al área especial por la pandemia y que se destinarán a los tres hospitales, además la contratación de 230 trabajadores y la capacitación de los que están en funciones.

Robledo afirmó que se han visto distintos momentos de la pandemia y se había tenido un buen control, “pero ahora hay un incremento de contagios reflejado en el número de hospitalizaciones, en donde tenemos que actuar juntos y rápido”.

Pues rapidez en lo que demandan los médicos del Hospital General Número Uno (HGN1), más acreditado como Clínica Uno, que al día siguiente de su gira salieron a pedir el apoyo de sus colegas para obtener los medicamentos que necesitan en la atención de los pacientes internados por el coronavirus. Es personal que está directamente relacionado con la pandemia, lo que se conoce como de “primera línea” y que ha llevado a que tres de sus compañeros estén contagiados y hospitalizados.

Señalaron que entre los faltantes están las fórmulas sedantes, relajantes musculares o bloqueadores neuromusculares, por lo que “no hay de todos, ni muchos menos para todos”, al grado que la subdirección médica tiene que pedir, principalmente los fines de semana, el apoyo de otros hospitales o conseguir dosis que muchas veces son insuficientes para atender la demanda.

Como era de esperarse, las autoridades locales del IMSS manifestaron que “no hay escasez de medicamentos” y que el 100% de los pacientes graves que han necesitado de algún tipo de sedación lo han recibido, asimismo que ningún paciente se ha quedado sin su dotación completa indicada por el médico. También se aseguró que en caso de algún faltante se repone en un máximo de 24 horas, mediante compras locales, apoyos entre hospitales o representaciones.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Roberto Velasco Hirschberg, expresó que conoció del desabasto de medicamentos que padecen sus compañeros del IMSS, que tiene su origen a nivel central, además dijo que el faltante no es privativo del IMSS, puesto que también se da en el ISSSTE y en instituciones privadas. En el caso de los hospitales públicos, consideró que se suscitó a raíz de que el gobierno federal no hizo la compra correspondiente con el pretexto del combate a la corrupción, lo que es traumático para un médico, que tiene el diagnóstico y los conocimientos, pero no puede aplicarlos “porque no hay las cosas”.

Diversas voces del sector privado condenaron esta situación y exigieron que desde la capital del país se resuelva a la mayor brevedad, al mismo tiempo que se tenga el suficiente abasto de todos los insumos en cada uno de los hospitales.

SE HABÍAN TARDADO

El presunto “descubrimiento” de combustible de procedencia desconocida ratificó lo que desde hace varios meses señaló el líder de los transportistas de carga, de que en varios puntos del estado se vendía Diesel y gasolina a un precio inferior al que ofrece en las gasolineras.

La mención que hizo se quedó en una declaración más, toda vez que las autoridades ni siquiera se tomaron la molestia de investigar, en cambio ahora que se acercan las nominaciones de diputados y a las alcaldías se presenta como algo nuevo, tal como si fuera una muestra de eficiencia y de combate abierto al “huachicoleo”.

Según el subsecretario de Gobierno Manuel Cortina y el director de Protección Civil, Héctor Reyes,  en Jesús María y San Francisco de                los Romo se llevó a cabo una supervisión en 23 puntos de venta  y en cinco de ellos fueron detectadas condiciones ilegales, inseguras y lógicamente de alto riesgo para la población, debido a que almacenaban 148,000 litros de hidrocarburos, lo que en el mercado normal representan casi tres millones de pesos, procediéndose al aseguramiento y clausura de los lugares.

Se dijo que la intervención se hizo tras las denuncias ciudadanas, de que en esos sitios se comercializaba el combustible, que podría proceder de regiones fronterizas con Estados Unidos y al hacerlo significa una pérdida diaria para el fisco de casi 100 millones de pesos, además del peligro permanente para los habitantes y el impacto ambiental que registra el mal manejo.

En la conferencia virtual que ofrecieron ambos empleados del gobierno estatal no citaron si hubo personas detenidas, ni si tenía conocimiento de quienes estaban al frente del negocio y quienes eran los propietarios de los predios en que estaban esos puntos de venta, circunscribiéndose a declarar que “Aguascalientes se suma a la estrategia nacional contra el robo de hidrocarburo” y pedir a los ciudadanos que “no sean cómplices de este delito”, es decir, “que no compren combustible barato, a sabiendas que es de origen oculto”.

Por su parte, el ex líder nacional de la Cámara de Autotransporte de Carga (Canacar) y actual presidente estatal, Roberto Díaz Ruiz, consideró que las autoridades no pueden quedar con la información de lo que encontraron, sino hay que ir más allá, presentar demandas y lograr la aprehensión de los presuntos responsables.

Dijo que es increíble que las autoridades no se dieran cuenta de la existencia de ese delito, principalmente porque “a los transportistas nos traen cortitos con ese tema, es difícil llegar con un camión con combustible sin documentar, todos están bien investigados. Tienes una hora de salida del centro de almacenamiento a la estación de servicio a descargar, se firman varias bitácoras, por lo que no es sencillo el traslado”, por lo tanto en este asunto se debe llegar al fondo y no quedarse con el aseguramiento solamente y en lo cual todos los sectores deben estar atentos para que así suceda.

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EN SUS MANOS ESTÁ

El aspirante a dirigir la Coparmex Aguascalientes, Juventino Romero de la Torre, sigue los pasos del todavía titular Raúl González, de repetir una de las banderas de su líder nacional Gustavo A. de Hoyos, de que se debe otorgar un aumento sustancial al salario de los trabajadores.

Hacerlo no requiere de ninguna orden del gobierno ni de un acuerdo con otros sectores, sino que es una decisión de ellos, que son los dueños de las empresas, que tienen la facultad de incrementar el porcentaje que consideren justo, pero prefieren llevar a cabo campañas de sensibilización para demostrar una cercanía con los obreros.

En su calidad de presidente de la comisión laboral de la Coparmex local, Romero de la Torre dijo que aún cuando las condiciones económicas son adversas, el sector productivo ha insistido en la importancia de mejorar el nivel de vida de los asalariados, mediante el alza a sus ingresos, sin embargo – aclaró – esto no debe de ser en automático sino “en atención a la productividad, capacitación y empeño”, con lo cual el salario mínimo podría llegar a 300 pesos. Por lo pronto, por disposición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) el incremento en 2019 fue de 16.2% y en 2020 de 20%, lo que aún cuando es un avance está muy lejos de lo que ganan sus pares de Estados Unidos, que en términos precisos en México se paga por día lo que en EU es por hora, por ello el atractivo-país de mano de obra barata.

CUMPLE UN ANHELO

La diversificación de la vida productiva ha sido un deseo largamente acariciado en, al menos, seis sexenios, que incluso llevó a que se propusiera la creación de una ciudad alterna y un corredor industrial que iría de Aguascalientes a Cosío, pero por diversas razones las ideas no cristalizaron a pesar de la voz de alerta que dieron los especialistas en urbanismo, sobre los problemas que habría de seguir creciendo la capital.

Es hasta ahora en que, finalmente, es factible que se cumpla una parte de ese propósito, pero no como se planteó sino que será en Pilotos, perteneciente al municipio de Asientos, en donde se reciba a la empresa europea Piccoli Green Technology LDA, la cual producirá vehículos eléctricos, camiones, automóviles y motocicletas. La inversión inicial será de 500 millones de pesos y en su primera etapa tendrá 300 empleos directos con una proyección de llegar a 1,500.

Será la primera fábrica de esas proporciones que se ubique en un lugar distinto a Aguascalientes, lo que impulsará el crecimiento de este lugar en beneficio de los pobladores y de la región en general, además descongestionará a la urbe capitalina que necesitaba este tipo de apoyo.

Durante el anuncio que hizo sobre la presencia de la firma, el gobernador Martín Orozco Sandoval subrayó que la entidad mantiene el atractivo en la inversión privada, gracias a su alta competitividad, lo que permite la aportación y consolidación de proyectos con visión de futuro, que buscan la huella de la sustentabilidad, el desarrollo económico y la prosperidad para las familias.

Por su parte, el director global de la compañía, Sergio Piccoli, señaló en conferencia virtual que una de las razones torales para invertir aquí fue la simplificación de los trámites y sin las condicionantes de participaciones para proceder con la inversión. El propósito es concretar una gran cadena de valor que integre a otros estados, además que la producción será 100% mexicana y se exportará a Centro y Sudamérica y más adelante a Estados Unidos y Canadá.

La empresa tendrá así su primera filial fuera de Europa en la comunidad de Pilotos, dentro de una extensión de 10 hectáreas, que podrá crecer hasta 50 hectáreas. Como parte de los 300 empleos habrá oportunidad para mujeres recién egresadas, asimismo puestos directivos y de diseño se ocuparán con personal local, con lo que será múltiple el beneficio, ya que además estarán los empleos indirectos y los de proveeduría.

EXENTO

Con el contador Raúl Gerardo Cuadra García se cumple la máxima que no todo lo que mira es una realidad, ni todo lo que se acusa es una verdad. Una a una caen las imputaciones que le han hecho, lo que deja entrever que atrás de todo ha habido una persecución política que lleva diez años, derivado de su negativa de plegarse a las órdenes del grupo partidista que finalmente le impidió ser candidato a gobernador y luego vino el acoso que lo llevó a prisión, pero con el tiempo como el mejor aliado ha demostrado su inocencia.

Desde un principio se mencionó en este espacio que no había elementos para hacerlo responsable de lo que se le imputaba, no obstante mediante argucias jurídicas lo llevaron a los juicios, de los que uno a uno se han ido desmoronando.

Esta vez ganó la liberación absoluta del cargo que se le hizo sobre la presunta venta irregular de terrenos propiedad del Instituto de la Vivienda (IVEA), cuando fungía como secretario de Finanzas en la administración del gobernador Luis Armando Reynoso Femat y de lo que el año pasado fue absuelto por el juez, pero el agente del Ministerio Público apeló y finalmente el reclamo fue desechado por el Primer Tribunal Colegiado, confirmando así la sentencia categórica.

El único caso que falta por resolverse es el que firmó como testigo del contrato del despacho ECOSAC, para una asesoría contable a la Secretaría de Administración de aquella administración y que se dijo, hubo un sobreprecio, por lo cual hay un litigio y que su abogado defensor Julio Serna Ventura espera lograr la libertad definitiva.

Un período largo para demostrar que no hubo sustento en los delitos que se le han imputado, lo que aún cuando es una amarga experiencia, el contador Cuadra sabrá seguir adelante y dejar atrás esta etapa, reintegrándose a su despacho.

DEMASIADO TIEMPO

Lo que en circunstancias similares se ha resuelto en cuestión de días o a lo sumo de semanas, aquí el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) tiene casi diez meses sin visos de que pueda solventarlo, pese a los fuertes problemas que enfrentan notarios públicos, agentes inmobiliarios, litigantes y ciudadanos en general.

La cuestión de fondo es que se frena la actividad económica que se mueve a través de los actos que tienen relación directa con esa oficina, lo que parece no importarle al actual director Ignacio Delgado Macías, que mantiene la misma pasividad de su antecesora.

Cuestionado por este Diario por las quejas que hay no supo, o no quiso, explicar las razones para la semiparalización de la dependencia, lo que motiva inseguridad jurídica para la expedición de certificados de existencia o no de gravámenes, a lo que se suma errores u omisiones, diversos criterios en la calificación de documentos por inscribir y que se aplican según el director en turno.

También hay insuficiente capacitación en el personal en todas las áreas o secciones registrales, suspensión del servicio de consulta de inscripciones al ordenarse la desaparición de las pantallas disponibles para el público, e inexistencia de consulta remota para notarios e instituciones. Tampoco se da acceso a los libros, lo que debería permitirse ante la conjetural pérdida de información y datos de 2015 a 2020, de lo que esa oficina responsabiliza a hackers, pero no hace nada por solucionarlo.

Por el tiempo transcurrido sin que se logre remediar es normal que crezcan los problemas y que lo resienten en mayor grado quienes tienen una relación directa con el Registro Público, lo que comienza con la lentitud para recibir los documentos para inscribirlos, rechazo injustificado de documentos debido a la multiplicidad de criterios para llevar a cabo la recepción e inscripción, pero por otra parte quejas por la atención privilegiada que reciben algunos promotores inmobiliarios, de igual manera ocultamiento de información en relación con el problema que tiene lugar y que va en contra de las políticas de transparencia que tanto promueve esta administración

Los agentes inmobiliarios sufren la “insensibilidad” que existe en el RPPC, al mantener la cerrazón para abrir las ventanillas de los créditos hipotecarios para casas usadas. Es una situación grave la que se vive con la decisión de la mayoría de los bancos, de suspender la autorización de créditos para la compra de casas usadas, situación que sólo se vive en Aguascalientes y perjudica directamente a las personas que desean vender o comprar este tipo de casas, a los agentes inmobiliarios, notarios públicos, bróker de créditos y peritos valuadores, entre otros..

Como se mencionó en otra ocasión, si no hay capacidad en Aguascalientes para resolver el problema del Registro Público de la Propiedad y Comercio, que se contrate a expertos nacionales o extranjeros, pero que se haga algo, porque a final de cuentas también se afecta a las finanzas estatales al dejar de percibir los impuestos que corresponden por ese tipo de transacciones.