POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN

@octaviodiazg

Detrás de los acontecimientos de Iguala, en donde aún están sin resolverse el destino de 43 estudiantes secuestrados, se encuentra una historia de corrupción. En general, en el problema de seguridad que aqueja a nuestro país, se encuentra la corrupción de autoridades de todo tipo que se vuelven cómplices de bandas criminales. Pero también la corrupción aqueja a los hogares de todos los mexicanos, como lo han demostrado los estudios de Transparencia Mexicana en donde se ha encontrado que los hogares con ingresos menores a un salario mínimo, dedicaron el 25% de su ingreso a pagar mordidas para obtener servicios públicos y, en promedio, los hogares mexicanos destinaron el 14% de su ingreso para este propósito. Por si fuera poco, también existe la corrupción de “alta escuela” que se da en las grandes contrataciones, concesiones y permisos que realiza el sector público, en donde se dan sobornos millonarios que van a enriquecer a funcionarios corruptos y a beneficiar a empresarios cómplices, en detrimento de las finanzas públicas y de la sociedad. Todo esto ocurre, desafortunadamente, en la casi total impunidad.

Por ello, una de las principales reformas que propuso el presidente Peña Nieto al inicio de su mandato, fue la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), al tiempo que desapareció a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero la falta de acuerdos entre partidos dejó en la congeladora una de las iniciativas más importantes del presidente y a la SFP en el limbo. El pasado lunes 20 de octubre, el PAN hizo una propuesta para formar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que fue respaldada – en términos generales – por todos los partidos. Con dicha propuesta se descarta la creación de la CNA.

El PAN tomó las ideas que han impulsado desde hace tiempo el Mtro. Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, así como el Dr. Mauricio Merino del CIDE y de la Red por la Rendición de Cuentas. Ellos argumentan que no hay necesidad de crear nuevos organismos para combatir la corrupción, sino articular las instituciones ya existentes y enfocarlas en atacar mejor dicho problema. En la propuesta del PAN se recogen sus ideas y se propone articular en el SNA a instituciones hoy desvinculadas o debilitadas y corregir deficiencias de diseño institucional. De acuerdo como lo ha comunicado el PAN, la propuesta contiene 6 elementos básicos:

  1. Crear un Consejo Nacional donde participen todos los órganos públicos que intervienen en el SNA y los ciudadanos. Quizá similar a como opera el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que será necesario crear un Secretariado Ejecutivo Anticorrupción que se encargue de coordinar al SNA.
  2. Un Comité Ciudadano para la ética pública, que instale observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional, encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción. Estos observatorios serán intermediarios con las autoridades y, por lo tanto, deberán contar con la plena confianza de la sociedad para que ésta acuda a ellos.
  3. En cuanto al control interno se propone fortalecer a la SFP en materia de auditoría e investigación. Con ello se daría marcha atrás a la desaparición de la SFP y se podrían desarrollar aspectos como un servicio profesional para contralores y desligar sus nombramientos de factores políticos.
  4. En materia de control externo, se proponen dos órganos independientes del Poder Ejecutivo, que sean los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar posibles actos de corrupción:
  5. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), modificando la Constitución para otorgarle las más amplias facultades en materia de auditoría, antes, durante y después del ejercicio del gasto, además para investigar quejas y denuncias ciudadanas. En este caso se fortalece y se le otorgan nuevas atribuciones, a la ASF.
  6. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con las más amplias facultades de investigación, actuación ante denuncias ciudadanas y responsable de ejercer acción penal contra quienes cometan actos de corrupción. El fiscal será independiente del Poder Ejecutivo. Muchas de las funciones que se habían pensado para la Comisión Anticorrupción las podrá desarrollar esta fiscalía.
  7. Retirar la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la república, y otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). Así se terminaría el actual conflicto de interés de las contralorías que investigan y sancionan, al dejar en manos de un tribunal especializado el proceso sancionatorio. Requerirá una reingeniería al TFJFA y quizá dividir sus facultades en materia fiscal y administrativa en dos tribunales diferentes.
  8. Reproducir por mandato constitucional el sistema en el ámbito de los Estados y Municipios. Esto es indispensable, pues los actos de corrupción en el ámbito local son tanto o más perjudiciales para la población que los federales.

Se cuenta pues ya con una nueva propuesta para combatir la corrupción que ha generado consensos políticos. Habrá que tener cuidado en el aterrizaje y diseño de las leyes secundarias respectivas – una vez se aprueben las reformas constitucionales necesarias – para que sean lo suficientemente eficaces y combatan este grave problema que aqueja a nuestro país y atienda un gran reclamo de la sociedad.

 

 

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