Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

La iniciativa de ley, en materia educativa, que en días pasados entregó el Presidente de la República a la Cámara de Diputados con el objeto de modificar el Artículo Tercero Constitucional, se puede decir que lo más relevante (en el primer párrafo) es el hecho de hacer obligatoria la educación superior; como obligatorias son ya la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Palabras más palabras menos, el nuevo texto del Artículo Tercero casi queda igual, no así los transitorios, que es en los que se pretenden cumplir los compromisos contraídos por Andrés Manuel López Obrador, con una parte de los maestros, durante la campaña política.

Tal es el caso que en el segundo transitorio (de la iniciativa) se asienta, “A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al presente Decreto”.

En el tercer transitorio se establece que “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán hacer adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro de 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

En tanto esto ocurre, la autoridad educativa federal, transitoriamente, proveerá las medidas necesarias para dar cumplimiento a las modificaciones establecidas en el presente Decreto, y quedará suspendida la aplicación de cualquier forma de evaluación a los maestros así como cualquier efecto sobre la permanencia en el empleo que derive de evaluaciones realizadas con anterioridad hasta que entre en vigor la legislación secundaria que establezca los criterios y parámetros de verificación de resultados aplicables a las distintas actividades desarrolladas en el ámbito educativo del país”.

Y para que no quede ninguna duda, en el séptimo transitorio se reafirma, “Mientras la legislación secundaria no establezca los criterios y parámetros de verificación de resultados aplicables a las distintas actividades desarrolladas en el ámbito educativo del país, quedará suspendida la aplicación de cualquier forma de evaluación a los maestros, así como cualquier efecto sobre la permanencia en el empleo que derive de las evaluaciones realizadas con anterioridad”.

Andrés Manuel López Obrador, como candidato, hizo el compromiso de suprimir la evaluación docente y ahora ya como Presidente de la República ha signado la iniciativa de ley para tal efecto. ¿Es para bien o para mal de la educación suprimir la evaluación docente? El tiempo y los resultados lo dirán. Si la educación, en los próximos años, mejora gradual y objetivamente hasta llegar a la excelencia, como es la intención de esta administración;  entonces se debe aceptar que con la supresión de la evaluación docente fue suficiente para mejorar la educación de los niños, adolescentes y jóvenes; pero si por el hecho de no evaluar a los docentes éstos relajan, debilitan, aflojan, laxan, el proceso enseñanza – aprendizaje (porque no habrá valoración ni retroalimentación de su trabajo), entonces se corre el riesgo que impere el desorden o la anarquía en los procesos educativos, con las consecuencias predecibles. El tiempo y los resultados, pues,  dirán la última palabra.

Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Muchas, porque miles de docentes, de diferentes categorías, quedarán en el limbo, toda vez que sus nombramientos están en pleno proceso para su plaza definitiva y al derogarse la Ley General del Servicio Profesional Docente quedan sin definición y sin protección legal, toda vez que no hay, a la fecha, una disposición oficial que los ampare. En una próxima colaboración se abordaría, con mayor propiedad, este tema, por las incertidumbres que genera.