Los 11 alcaldes del estado recibieron ayer el convenio del Mando Coordinado de Seguridad para que lo analicen, y el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, subrayó que no se trata de un “Mando Único” como tal, y en ningún momento se trata de imponer a los titulares de las corporaciones policiacas, antes bien, queda claro el compromiso de la administración estatal de respetar las decisiones que se tomen en la designación de los encargados de la seguridad en sus demarcaciones.

Aclaró que fundamentado en los artículos 40 y 96 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los integrantes de las corporaciones, incluidos sus titulares, deben tener la certificación vigente, así como el proceso de control y confianza aprobado.

También, deberán asumir el compromiso de someterse de manera periódica a dichas pruebas en el Centro de Evaluación y Control de Confianza, a fin de verificar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos y médicos.

Es importante que se cumplan todos los requisitos citados, pues es la manera legal de que se sigan recibiendo recursos federales, pero sobre todo, permite que cada vez haya más elementos policiacos capacitados y equipados para salvaguardar el bienestar de la población, en este caso, de los 11 municipios.

Flores Femat aseveró que trabajar la seguridad mediante un Mando Coordinado fortalecerá la prestación de este servicio que es uno de los fundamentales para el Gobierno, toda vez que significa que hay una estrategia que permite de manera plena, la colaboración institucional de los distintos órdenes de Gobierno.

Además, se busca robustecer la inteligencia y operativos especiales, siempre con respeto a la autonomía municipal, tal como lo marca el Artículo 115 Constitucional, resaltó el funcionario estatal en el marco de la reunión periódica que sostiene con los alcaldes de los 11 municipios.

Cabe mencionar que además de haberse llevado el documento del Mando Coordinado de Seguridad para que lo analicen, ayer también llegaron al acuerdo de establecer dentro de la agenda de trabajo para posteriores reuniones, el tema de la prevención de adicciones, como parte de la salud mental, pero también, como un asunto importante que influye en el ámbito de la seguridad pública.