Verónica Gascón
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El año que inicia tendrá cambios laborales cruciales.
Se aplicará la segunda etapa de la reforma laboral, las discusiones de subcontratación se retomarán y las normas sobre teletrabajo se deben implementar.
Todo ello aunado a las normas que deben cumplir los centros laborales en materia sanitaria y de riesgos de trabajo.
Las discusiones sobre outsourcing se reanudarán en febrero, cuando arranque el periodo ordinario de sesiones.
Mientras el Gobierno busca prohibir toda forma de subcontratación, la IP dice que esto afectaría la competitividad de las empresas.
“Seguiremos participando en las próximas mesas de trabajo que convoque el Gobierno. Nuestro llamado es simple: regulación sí, prohibición no, se debe respaldar el uso correcto de esta figura al ser una actividad lícita”, dijo el sector patronal.
También está pendiente publicar en el Diario Oficial la reforma sobre teletrabajo aprobada en el Congreso, en la cual el sector patronal tiene algunas inquietudes.
“La reforma quedó tan amplia que inspectores de la STPS tendrán facultad para acudir a los domicilios de los trabajadores y verificar el cumplimiento de sus funciones, lo que dará la posibilidad de que se presenten actos de corrupción (para no acudir o validar que están en su domicilio) o incluso, una grave violación a la privacidad de los empleados”, señaló la Coparmex.
Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, dijo que la iniciativa causa incertidumbre entre los empleadores porque no saben de qué manera se calculará el pago en servicios de telecomunicaciones y electricidad que deberán asumir los patrones.
“Esto se debe regularizar con una norma a emitir y también dice que bajo una causa de fuerza mayor, como la pandemia, no aplicará la modalidad de teletrabajo.
“Los abogados tendremos que ir trabajando en convenios para que una vez que se permita el retorno a los centros de trabajo se defina qué áreas siguen trabajando en home office y cuáles no”, explicó.
Un análisis del despacho De la Vega & Martínez Rojas advierte que las condiciones especiales en materia de seguridad y salud para el trabajo serán establecidas por la STPS en una NOM que deberá considerar factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, integridad física o salud de los teletrabajadores. La Norma deberá ser publicada dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de esta reforma.
“Es importante que las empresas comiencen a incluir cláusulas relativas en los contratos individuales de trabajo, en los contratos colectivos y/o reglamentos interiores de trabajo, así como elaborar políticas relacionadas con el teletrabajo”, señala.