Podría citarse un número significativo de causales para que sea menor la participación ciudadana en las urnas, pero basta mencionar algunas de ellas, como la designación de candidatos que no siempre son los idóneos en su partido y menos lo serán para el resto de la sociedad; el rechazo a las agrupaciones políticas; la tergiversación de las campañas al ser más de calumnia y rumores que de propuestas; el vaticinio de líderes sociales de que habrá baja asistencia en la jornada electoral, y el reiterado ataque mediático a las instituciones públicas que limita la credibilidad en ellas y en los demás.

Cada quien, a su manera, contribuye a que la multimencionada democracia sea sólo un referente y no como el más alto valor cívico de un pueblo. Las cofradías modernas deberían imitar las costumbres milenarias de las comunidades indígenas, que sin necesidad de campañas ni de tanto rollo eligen a sus gobernantes en una reunión, en base al conocimiento que tiene sobre ellos, que son entendidos de sus asuntos, son arquetipo de honradez y ejemplo para todos.

Hace poco más de cuatro meses que este Diario publicó una nota que aglutinaba entrevistas con ciudadanos de diferentes edades, condición económica y social, en la que el común denominador era la desilusión con todo lo que tenía que ver con la política. El primer párrafo resumía el contenido: “Para los aguascalentenses las elecciones del próximo 7 de junio, además de caras, no presentan un verdadero interés, pues consideran que todos los partidos han perdido el rumbo”, al mismo tiempo otros plantearon que es necesario ir a votar, teniendo en cuenta los más de 5 mil millones de pesos que costará el proceso y que son recursos que salen del bolsillo de los contribuyentes.

Aquel 8 de enero el presidente del PAN, Paulo Martínez, afirmó que no votar “es apoyar al gobierno federal que tiene entrampada a la sociedad en graves problemas económicos”, por su parte el presidente del PRI, Francisco Guel Saldívar, destacó que acudir a las urnas “garantiza un gobierno de cambio, transformador, con reformas profundas que darán mejores resultados a los mexicanos”.

En ambos casos es el discurso que han utilizado a lo largo del año y que en la mayoría de los casos fue retomado por los aspirantes a una diputación federal, por lo que después de tanto repetirlo ha perdido su esencia.

Un obrero textil dijo: “Para qué votar si los partidos políticos son una cochinada, ven por ellos, pero no por los trabajadores, la verdad yo no votaré”, en sentido contrario un estudiante de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes planteó que se debe participar con el voto, “pues los que pagamos impuestos ya invertidos en el proceso de junio de 2015, de tal suerte que tenemos que acudir a las urnas y depositar el voto, por el menos malo, pero sin duda, debemos votar”.

Para el ingeniero Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo estatal del Instituto Nacional Electoral (INE), “se debe votar, pues el compromiso para votar este 7 de junio, es un compromiso con la Patria”, aunque sin dejar de reconocer que “México está muy dañado, tiene problemas de seguridad, tiene problemas de crecimiento, de inequidad en la distribución de la riqueza. Te doy una prueba de ácido, México tiene el hombre más rico del mundo, y quizá los pobres más pobres del mundo, en un gran mosaico plural”.

Para buscar una solución a las dificultades que aquejan al país, Ruelas Olvera establece que se debe ir a las urnas, “pero también no nos hagamos tontos, las urnas no resuelven el problema de una vez y para siempre, colaboran a que las cosas cambien, pero las urnas no son la panacea”.

El pasado 21 de mayo el presidente de la Coparmex en el estado, Francisco Ruiz López, profetizó que habrá una baja asistencia a las casillas. Lo sustenta en una encuesta que ordenó (sin mencionar el nombre de la casa encuestadora, fechas del sondeo y la metología), aunque adquirió el compromiso de hacer público los datos. Estimó que la participación ciudadana apenas llegará al 40% del padrón electoral, “lo cual es preocupante” y es una demostración que será una jornada “desangelada”.

Aunque no será fácil convencer a los electores, cabría preguntarse ¿es útil el abstencionismo y el voto nulo?, y la respuesta no puede ser otra que no lo es, ni siquiera como una muestra de rechazo a la situación que se vive. De acuerdo a lo que dispone la ley electoral gana quien obtiene más votos y este puede ser el que pocos deseaban, pero será diputado, así sea con un mínimo de votos, de manera que se debe analizar quien de los diez candidatos en cada distrito es el que cubre mejor el perfil para representar al sector. Dejar que otros decidan es entregar un derecho que le asiste a cada ciudadano, por lo que hay que mentalizarse que con todos sus bemoles la elección popular es el único camino que existe para demandar un cambio en las cosas.

QUE NO LO ENGAÑEN

Desde el año pasado y durante los primeros meses del actual algunos partidos políticos se “colgaron” de la iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, que a su paso por el Congreso de la Unión se convirtió en Sistema Nacional, por lo que hoy en las campañas se vanaglorian de haber sido ellos los que la plantearon y lograron la aprobación, sin embargo existen documentos que señalan de dónde salió la propuesta.

En efecto, en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, conocidas en 2012 al comenzar la administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, se propone entre varios puntos “la creación de un nuevo régimen de control gubernamental, a través de la consolidación de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” y se expresa crear un órgano en materia anticorrupción “que entre en funciones conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica”.

Asimismo, se formuló un nuevo régimen de control gubernamental, que sea un mecanismo de apoyo al control interno y la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y políticas institucionales, considerándose que “la gobernabilidad democrática requiere la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas y en quienes en ellas trabajen. Para tal propósito, una condición sine qua non es la honradez de los servidores públicos en todos los rangos y niveles”.

Se puntualizó que “sin leyes y prácticas que garanticen una ética de servicio público, regida por las más rigurosas normas legales y los más estrictos mecanismos para asegurar la honradez de todo servidor público, las instituciones del Estado desfallecen”.

Lo detallado es el antecedente del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado por el Senado de la República el pasado 22 de abril con 97 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones. La reforma modifica 14 artículos de la Constitución General, dota al Tribunal Federal de Justicia Administrativa con plena autonomía, el cual se encargará de imponer sanciones. También fortalece a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y elimina el principio de anualidad y posteridad, por lo que se podrá auditar en tiempo real la Cuenta Pública Federal, y el órgano fiscalizador revisará el uso de las participaciones federales destinadas a los estados hasta en 92%, y el otro 8% serán fiscalizados por órganos locales.

Este y no otro es el origen de las modificaciones a la Carta Magna, que permite tener un instrumento para hacer que las actuaciones de las dependencias y los servidores públicos se apeguen a las reglas de transparencia y rendición de cuentas.

 

 

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