La omisión en la recepción y entrega de montos correspondientes a fianzas judiciales por parte de empleados del Poder Judicial del Estado derivó en un procedimiento de responsabilidad administrativa, al acreditarse que recursos en efectivo de 16 expedientes nunca fueron ingresados a las cuentas oficiales, lo que obligó a la institución a cubrir con recursos propios devoluciones y pagos ordenados por jueces.
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes acreditó una falta administrativa grave por abuso de funciones en contra de una ex secretaria de acuerdos del Poder Judicial, imponiéndole la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio del servicio público.
El procedimiento de responsabilidad administrativa fue aprobado por 10 magistraturas, con la excusa del magistrado Mauro René Martínez.
El proyecto, presentado por el magistrado José Franco Muñoz, determinó que la ex servidora pública omitió de manera arbitraria depositar en la cuenta oficial del Supremo Tribunal de Justicia diversos pagos en efectivo correspondientes a fianzas.
Dicha omisión generó un detrimento patrimonial al Poder Judicial del Estado, ya que la institución tuvo que cubrir con recursos propios los montos de las fianzas cuando las autoridades jurisdiccionales ordenaron su devolución o aplicación para la reparación del daño, el pago de multas o la sustitución de penas, sin que esos recursos hubieran sido ingresados previamente al Fondo para la Administración de Justicia.
El Pleno precisó que la responsabilidad administrativa solo se acreditó en aquellos expedientes donde se comprobó plenamente la intervención directa de la ex secretaria, excluyendo otros casos en los que participaron distintos servidores públicos o no existían elementos probatorios suficientes.
Asimismo, el Pleno resolvió que la unidad investigadora no acreditó que la ex servidora pública hubiera obtenido un beneficio económico personal, por lo que no se impuso sanción económica; no obstante, deberá cubrir una indemnización por los daños ocasionados al patrimonio del Poder Judicial, la cual será ejecutada a través de la Secretaría de Finanzas del Estado.
