Por: Octavio Díaz García de León.

@octaviodiazg

 

México ocupa el lugar 58 de 59 países en los que se calculó el Índice Global de Impunidad recientemente publicado por la Universidad de las Américas de Puebla, y el 98% de los delitos permanecen impunes de acuerdo con cifras del INEGI. Según el Índice, el 46% de su población detenida no tiene sentencia y existen pocos encarcelados por homicidios respecto a los casos denunciados.

Esto no es de extrañarse. Basta darse una vuelta a las procuradurías, tanto federal como estatal, para ver las pilas de expedientes que acumula cada ministerio público. Lo mismo sucede con los juzgados. Los expedientes se acumulan y los procesos duran años. Numerosos analistas han señalado que la impunidad es un gran aliciente para que la inseguridad continúe porque no hay consecuencias ante la comisión de delitos. El rezago es un componente relevante de la impunidad.

De acuerdo con el informe del Índice, “México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia… En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones”. Y lo mismo puede decirse de los jueces, aunque en este indicador la proporción de 4 jueces por cada 100 mil habitantes está muy por debajo del promedio de 17 por cada 100 mil entre los países del Índice.

La reforma que ha hecho posible los juicios orales es un avance en la dirección correcta. Se supone que estos juicios toman menos tiempo y hay oportunidad para conciliar a las partes lo que evita procesos inútiles. También hay tribunales de vanguardia que han entrado al mundo de la tecnología como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que tiene un sistema de juicios en línea.

Tanto las procuradurías como los juzgados y tribunales de todo tipo se quejan del volumen de casos que tienen que manejar. Pero la solución no es tan difícil de encontrar.

Los procesos judiciales son eso: procesos. Los expertos en procesos no son los abogados sino los ingenieros industriales y no me refiero a los aspectos jurisdiccionales sino a los aspectos de optimización. El desarrollo de un proceso judicial tiene reglas y procedimientos muy claros con tareas repetitivas y otras características similares a cualquier proceso de servicio o de fabricación en serie.

Así que para atender los problemas de funcionalidad y estructurales se requieren herramientas de la ingeniería industrial y la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones.

Se podría por ejemplo:

  • Hacer pronósticos de demanda de los casos a resolver para poder planear la capacidad necesaria para atenderlos.
  • Hacer estudios de tiempos y movimientos en las tareas que involucran la investigación de los delitos y la sustanciación de los juicios para optimizarlos.
  • Hacer cálculos de Teoría de Colas u otras herramientas de Investigación de Operaciones para que con base en ellas se puedan determinar cuántos ministerios públicos y jueces se requieren, de acuerdo a la demanda y a los niveles de servicio (Tiempos de atención deseados). Con ello se podría estimar cuántos jueces y ministerios públicos se van a requerir para atender la demanda.
  • Utilizar métodos de optimización para la localización de instalaciones a fin de saber dónde ubicar nuevos juzgados o agencias del ministerio público y quitar a los que no se requieran.
  • Desarrollar estándares de tiempo de atención para los casos más comunes y monitorear el desempeño de ministerios públicos y jueces en términos de productividad y cumplimiento de objetivos.
  • Incentivar a quienes cumplan los estándares o los superen con bonos de productividad y prescindir de aquellos que consistentemente no cumplan.
  • Automatizar todo aquello que es factible de automatizarse en los procesos de impartición de justicia. Por ejemplo, las sentencias en muchos casos contienen partes que son repetitivas y que un sistema automatizado puede construir incorporando los fundamentos jurídicos, los antecedentes y hasta algunos elementos de los casos que se pueden extraer de los documentos del proceso.
  • Utilizar de manera intensiva herramientas informáticas que permiten la gestión de documentos electrónicos, crear bases de datos y realizar el análisis automatizado de la información para la elaboración de sentencias.
  • Permitir el trabajo remoto tipo “oficina en casa” para aprovechar mejor el tiempo de los abogados y evitar por ejemplo, en la ciudad de México, los largos tiempos de transporte. Actualmente la videoconferencia casera, los teléfonos, los sistemas en la “nube” y otras facilidades de bajo costo están disponibles en los hogares y permiten realizar el trabajo.
  • Usar tecnologías de comunicación para evitar que los actores en los juicios tengan que acudir a los juzgados. El caso exitoso del juicio en línea se podría replicar en todo el poder judicial y demás tribunales administrativos.

Es posible que los ingenieros industriales no logren abatir el rezago en la impartición de justicia, pero no dudo que puedan tener un impacto en la mejora de la funcionalidad y la estructura de dichos procesos. Ojalá que los abogados responsables de los mismos permitan que los ingenieros les ayuden a mejorar sus tareas y con ello abatir el rezago y la impunidad.

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