René Urrutia De La Vega

En materia de seguridad y justicia, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo en este país, ocurre lo mismo que lamentablemente está pasando con todas las instituciones del Estado, la diferencia entre unas y otras estriba en el tipo de resultados y, especialmente, en la naturaleza de las consecuencias.

Me explico: la historia de nuestro bello y querido país es la historia de la debilidad de las instituciones, una historia en donde la política –la mala política– que es secundada irremediablemente por el cáncer de la corrupción, ha desvirtuado y desnaturalizado la vida institucional de nuestra nación.

Las instituciones carecen de fortaleza jurídica, de permanencia y continuidad de proyectos y estrategias, carecen absolutamente de cimientos sólidos sobre los cuales se erija una vida que trascienda el tiempo y el espacio, se encuentran a merced de individuos o de grupos de individuos con intereses particulares que las utilizan para sus propios planes y con sus propias estrategias, normalmente dirigidas al mantenimiento o consecución del poder, directamente vinculadas a la obtención de beneficios particulares excesivos y excedidos, lo hemos visto en el pasado y lo seguimos viendo en el presente.

De esta manera es como se puede describir la historia de las instituciones de seguridad y justicia en México. Lamento mucho si duele que se diga de esta manera, pero si hacemos un breve, franco y objetivo análisis de lo que ha venido siendo la manera en que se manejan los destinos de las instituciones relacionadas con la seguridad y justicia, encontraremos una verdadera ausencia de soluciones y de resultados, de estrategias eficientes y efectivas, hemos visto demasiado recurso presupuestal gastado sin efectos positivos, hemos visto que la delincuencia y la violencia se fortalecen cada vez más y nuestras instituciones cada vez menos y encontramos siempre en el fondo una imperiosa debilidad institucional.

La debilidad institucional se deriva de la forma en que cada individuo o grupo de individuos que han tenido a su cargo los destinos de estas instituciones, en lugar de fortalecer su estructura, sus cimientos, su andamiaje, se han enfocado en conseguir un fortalecimiento individual en lugar de preocuparse primordialmente por fortalecer primero y ante todo a la propia institución.

Una institución fortalecida es aquella que no depende en su funcionamiento, en su estructura y en sus resultados de la o las personas que las encabezan, por el contrario, con o a pesar de quien o quienes lo hagan, de sus capacidades, de sus competencias, del conocimiento especializado en el ramo, del amor al servicio, de la honestidad o de la carencia de todo lo anterior, se pueden mantener y permanecer brindando frutos positivos sin resquebrajarse, porque se cuenta con un marco jurídico que permanece, que se respeta y se cumple, que se modifica solo en aras de mejora, porque se cuente con un capital humano comprometido que cumpla con un servicio de carrera sólido, permanente, profesional, sin depender, en su permanencia, de humores, amiguismos y compadrazgos del sistema.

Las instituciones sólidas de un país deben tener la capacidad de excluir por sistema a quienes no cumplan con las características y competencias mínimas de capacidad y honestidad que garanticen continuidad en el funcionamiento mínimamente eficaz y eficiente de las funciones institucionales, que garanticen también la realización de un aporte positivo para esa función y que no permita centrar en una sola persona la posibilidad de destruir lo poco o mucho que se haya logrado anteriormente.

Las estrategias para la prevención y combate de la criminalidad y las conductas antisociales deben ser de largo alcance y de largo plazo y no modificarse completamente cada trienio o cada sexenio –o varias veces en cada período–, deben estar directamente vinculadas a las estructuras institucionales y no a los individuos, sin que ello excluya la posibilidad de cambios que las mejoren con base en evaluaciones objetivas y en resultados constatables. Para ello, las personas que tengan a cargo la realización de dichas estrategias deben permanecer y solamente ser relevadas por responsabilidad grave comprobada objetivamente, pero para ello debe contarse con una formación profesional y con un servicio de carrera real y eficaz, así como un marco jurídico capaz de brindar condiciones mínimas de certeza y permanencia, entre varias otras cosas importantes.

Lo primero por lo que debemos pugnar los ciudadanos para empezar a ver avances y mejoras en materia de seguridad y justicia es exigir el fortalecimiento verdadero de nuestras instituciones integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia, pues mientras éstas sigan dependiendo de los vientos que soplan en las esferas políticas, ninguna oportunidad de tener resultados tendremos.

Los tiempos y los acontecimientos nos están develando una realidad muy cruda y un futuro nada esperanzador en materia de violencia y delincuencia, no hay tiempo que perder, si no actuamos ya para construir sólidamente instituciones mucho más fuertes de las que actualmente tenemos y dejamos de hacerlas depender de individualidades, pensando que no podríamos estar peor, lo estaremos.