Natalia Vitela
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- «Crimen pasional, mentira nacional», vociferó una y otra vez el contingente de la comunidad LGBTTTIQ+ que marchó anoche en la CDMX por la muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo, Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, y de su pareja Dorian Nieves.
Los inconformes exigieron que la FGR atraiga la investigación por este caso, luego de que la Fiscalía estatal afirmó que el móvil sería «un tema personal».
Alrededor de las 22:00 horas, la movilización, que partió de la Estela de Luz, llegó a Palacio Nacional, donde los inconformes acusaron que la escena del crimen fue manipulada y que Baena ha sufrido una constante revictimización.
Ante ello, también pidieron la intervención de organismos internacionales. «Ya no creemos en las instituciones nacionales», aseguraron.
Desde las 19:00 horas, miembros de la comunidad comenzaron a congregarse respondiendo a la convocatoria lanzada por la tarde en redes sociales.
Frente a la Estela de Luz colocaron mantas con los rostros de personas LGBTTTIQ+ que han sido asesinadas y prendieron veladoras para honrar su memoria. También colocaron la fotografía del Magistrade.
Juan Carlos Yustis, del Colectivo Cadi, dijo que en las mantas estaban las imágenes de 500 personas, pero no se cuenta con un censo oficial y lamentó que la mayoría de los crímenes han quedado en la impunidad.
Tras una hora de pronunciamientos, en los que rechazaron las violaciones a sus derechos, así como la discriminación que viven día a día, los manifestantes decidieron marchar sobre Avenida Reforma rumbo al Zócalo.
«Vamos a exigirle al Presidente (López Obrador) que tome cartas en el asunto», dijo Luis Cueto, líder de la organización Cueto Contigo.
«Tenemos que aceptar que fue un crimen de Estado. Tenemos que parar este odio que se vive en todo México. No podemos seguir siendo la sangre que se derrama en las banquetas», agregó.
Por su parte, Carlos Vergara, activista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM , aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes no tenía los elementos para determinar que se trató de un crimen pasional.
«Cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad la Fiscalía tiene la obligación de seguir los protocolos y sólo ha hecho que los medios de comunicación criminalicen a Ociel», criticó.
Johan Fernández, ahijade de Baena y asesor de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, también consideró que la Fiscalía toma a la comunidad como personas de segunda clase.
La exigencia fue replicada en al menos 25 ciudades del País, entre ellas Aguascalientes, Monterrey, Toluca, Cuernavaca y Xalapa.