Tiene que suceder una desgracia para que los taxistas reaccionen. El reciente asesinato de uno de sus compañeros volvió a poner sobre la mesa la ausencia total de las condiciones en que trabajan, al hacerlo sin ninguna protección de seguridad social, por lo que en caso de fallecimiento dejan en total desamparo a su familia y muchas veces deben cooperarse entre ellos para sufragar los gastos funerarios.

Es un grupo laboral singular y excepcional, que se integra por más de cinco mil personas. En varias ocasiones se ha buscado un resquicio en la ley del Seguro Social para incluirlos como trabajadores, pero se encuentra que no caben en esta categoría ya que no están sujetos a un salario, sino al acuerdo verbal con los dueños de los vehículos, en que se fija una cuota (liquidación) por turno y la obligación de entregar la unidad lavada y con el combustible necesario.

En alguna ocasión se propuso que entre taxistas propietarios y taxistas choferes pagaran a partes iguales la cotización del IMSS, siempre y cuando el Instituto encontrara la manera de introducirlos en el padrón correspondiente, pero los operadores exigían que fueran los dueños quienes cargaran con esa obligación, pese a que por ley todos los obreros hacen una aportación de su salario.

En la búsqueda de encontrar una salida a esta problemática varias agrupaciones tienen una especie de seguro de vida, sin embargo el recurso que se entrega es por una sola vez y apenas sirve para los gastos inmediatos, por lo que la familia del desaparecido queda sin apoyo económico.

A mediados del año pasado el gobierno del estado propuso que se integraran al Seguro Popular, que aún cuando no era el fin que perseguían, al menos con el pago de una asignación anual recibirían la atención médica, los medicamentos y de ser necesario alguna intervención quirúrgica para ellos y sus familiares, pero la nueva administración  federal echó por la borda el proyecto con la cancelación del programa.

Al ser una comunidad tan numerosa, que junto con sus dependientes significan más de 30 mil, se necesita coordinarse con las autoridades para encontrar una forma que les permita acceder a los beneficios sociales que recibe el grueso de los trabajadores.

Asimismo, no es sólo dejar segura a la familia cuando ocurre el fallecimiento, sino pensar en el propio retiro laboral, que en las actuales condiciones simplemente dejan de tener un ingreso al ya no poder trabajar, lo que se convierte en una situación incierta en la vida diaria.

En múltiples ocasiones los partidos políticos y quienes tienen alguna representación popular (senadores, diputados locales y federales y regidores) se han acercado a ellos, prometiéndoles que los atenderán para que su voz sea escuchada, pero hasta la fecha ninguno ha ido más allá de los ofrecimientos.

En caso de que por cuestiones jurídicas no sea posible su incorporación al IMSS, podrían buscar en una aseguradora lo que necesitan, que indudablemente más de una encontrará atrayente hacerlo, en que todos ganen, pero hay que concretarlo, ahora, no esperar a que vuelva a ocurrir otro óbice para volver a plantear este asunto, que por todo lo puntualizado requiere de la atención inmediata.

BAJÓN EN VIVIENDA

En los tiempos que corren, en que más que una transformación se vive la desvalorización en casi todos los órdenes, no sorprende que el Infonavit haya reducido a su máxima expresión los créditos para vivienda, al pasar en poco más de mil en 2018 a 104 en el presente año.

Los más perjudicados son los obreros que están en la lista de espera, al quedar fuera el 90% de las solicitudes, situación que obligó a la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) a plantear ante el delegado del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda del los Trabajadores, Mario Antonio Guevara Palomino, que traslade esta inquietud ante la dirección general.

De manera oficial se desconoce las razones que tiene el organismo para una reducción tan drástica, aunque hay versiones en el nuevo gobierno que todas las dependencias y organismos federales se encuentran bajo investigación, con el supuesto de que podría haber “malos manejos”, aunque con esta medida se afecta a los mexicanos en general y a la familia obrera en este caso particular.

Lo más extraño de todo es que a finales de 2017 el Infonavit reportó un superávit, que llevó a que concediera dividendos a todos sus derechohabientes. Las ganancias representaron 16 mil 300 millones de pesos y la entrega que se hizo fue por primera vez en 45 años, además, el entonces director David Penchyna Grub señaló que entre más empleos formales estén registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social más personas tendrán respaldo de las prestaciones previstas en la Ley del Infonavit.

Por si lo anterior no fuera suficiente, los 13 mil 870 patrones de Aguascalientes son de los más cumplidos a nivel nacional, ya que sólo el 2% presenta algún atraso en sus obligaciones, por lo que en la misma proporción el Infonavit debería corresponder.

Asimismo, se debe tomar en cuenta el crecimiento del empleo que registra la entidad, que oscila entre los 11 mil y 12 mil 500 por año, consecuentemente hay un ingreso mayor en las arcas del Infonavit que debe reflejarse con mayores promociones habitacionales.

Para los obreros que carecen de vivienda propia es indispensable que se les tome en cuenta para los créditos, sea para compra directa a los fraccionadores o compra a terceros, en  tanto que para las empresas constructoras les resulta necesario tener el apoyo financiero del Instituto, que a su vez se convierte en una importante fuente de trabajo para los trabajadores de la construcción.

De ahí la trascendencia que se atienda el reclamo del máximo líder sindical de la entidad, que no será una tarea fácil para el delegado Mario Antonio Guevara, ya que todo depende de las órdenes que emanen de Palacio Nacional y que se considere una prioridad a las miles de familias que están en esa condición.

Por lo anterior no se fijó un plazo para tener una respuesta, en función que todo gira en torno a lo que se decida en el máximo nivel del país, que si en verdad vela por los intereses de la clase desprotegida deberá darle preferencia a las necesidades de los trabajadores.

VAN CONTRACORRIENTE

Los obstáculos que han encontrado en su andar son como un acicate para los grupos ambientalistas que, gracias a ese tesón, han logrado frenar las acciones en Bosque de Los Cobos, de las pocas reservas naturales con que cuenta el municipio de Aguascalientes. Ha sido una lucha difícil, ya que enfrentan intereses muy poderosos, pero se mantienen atentos a la respuesta de los tres niveles de  gobierno; con el estatal y municipal existe coincidencia en la propuesta, pero en el federal han encontrado varios diques. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha emitido el decreto de área natural protegida, por lo que mientras no suceda esto seguirá el peligro de que algún momento autorice el cambio de uso de suelo para que se construyan miles de viviendas, lo que significaría la desaparición del espacio arbolado y hogar de varias especies. La presidenta de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, María Guadalupe Castorena Esparza, ha sido muy clara, al señalar que no hay vuelta de hoja en la defensa de este pulmón verde, por lo que todos los organismos involucrados seguirán adelante hasta lograr el mandato que el Bosque de Los Cobos se conserve en su estado natural. Es una lucha que se libra en tribunales, principalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que han recurrido los interesados en convertir la fronda en una selva de cemento, pero los defensores lo contrarrestan con aspectos jurídicos y los motivos que hay para conservar así el citado espacio.