Claudia Guerrero
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene abiertas investigaciones contra por lo menos dos superdelegados estatales del Gobierno federal, indicó ayer Santiago Nieto, titular del organismo de Hacienda.
«La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular», dijo en el Palacio Nacional,
Aunque no mencionó nombres, el funcionario señaló que también hay indagatorias contra gobernadores, por presuntos vínculos con lavado de dinero.
«Hemos estado viendo temas con la SFP respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto de eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores, y vamos a seguir con esa línea», dijo.
Nieto confirmó que se abrieron indagatorias contra más ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero indicó que está obligado a actuar con sigilo, por lo que no dio detalles.
«Hay una investigación respecto del señor (Gerardo) Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática», reiteró.
Sobre la contribución de la UIF en el combate al narcotráfico, el funcionario aseguró que, hasta el momento, han sido bloqueadas 756 cuentas relacionadas con diversos cárteles, lo que implica el congelamiento de 800 millones de pesos.

Bajo la lupa
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó el 24 de octubre a la Cámara de Diputados que 10 superdelegados son investigados por el posible uso irregular de los programas sociales.
Durante una comparecencia en San Lázaro, indicó que se trata de 12 denuncias en las que se investiga a los funcionarios encargados de los programas para el desarrollo en los estados.
Al responder a cuestionamientos de los legisladores sobre investigaciones de corrupción de funcionarios del actual Gobierno, la funcionaria señaló que los superdelegados están en riesgo de ir a la cárcel.
«Esta utilización de los programas sociales ya es otro de los delitos que se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa», indicó.
Sandoval dijo que se realizan auditorías a los programas sociales, tales como el de apoyo para niños y niñas de madres trabajadoras, al de pensión para personas con discapacidad y Sembrando Vida, así como Servidores de la Nación.