En tanto continúan las investigaciones de más personas que presumiblemente estuvieron involucradas en el problema que se presenta desde febrero del 2020 en el sistema del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y que lentamente se ha ido recuperando, la Contraloría General del Estado también ha dado cauce a otros casos de negligencias que han llevado a la inhabilitación de funcionarios de la actual administración estatal.

Arnoldo Hernández Gómez Palomino destacó que, hasta ahora, han sido castigados 16 funcionarios, desde el inicio de la actual administración, a los que se han impuesto sanciones desde económicas hasta las inhabilitaciones que han ido desde los 3 meses y hasta los 15 años; de ahí que, a estas alturas, son varios los que están imposibilitados de ejercer el servicio público.

Refirió que tan sólo en lo que va de la pandemia, se presentaron una serie de denuncias por parte de ciudadanos, o bien, asuntos que fueron detectados por investigaciones propias de la Contraloría, de funcionarios estatales que no brindaron bien su servicio o se aprovecharon del cargo para tratar de obtener algún beneficio.

Es el caso de la investigación que, en la actualidad, se lleva en la Contraloría, en contra de funcionarios que no entregaron de manera adecuada los apoyos destinados a micro y pequeñas empresas durante la pandemia.

Se han detectado algunos casos en los que, si bien se entregó el apoyo gestionado, no se dio el seguimiento para que ese recurso se destinara para la causa que se solicitó, de ahí que, en estos momentos, son temas que están en etapa de substanciación y procedimiento.

Un caso, que no sonó mucho, es el de un ex empleado del Patronato de la Feria, el cual, también el año pasado, cobró permisos para que comerciantes se instalaran en el área en que tradicionalmente se desarrolla la verbena y que fue inhabilitado por un lustro.

Hernández Gómez Palomino dejó en claro que la instrucción que se tiene en la Contraloría es la de dar certeza en la aplicación de los recursos y el mejor ejercicio de la función pública, por lo que los ciudadanos, dijo, deben tener conocimiento de que pueden denunciar directamente cualquier irregularidad o situación que detecten, o que consideren debe ser investigada.