Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La FGR investiga si fue legal o no el contrato que firmó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en tiempos de Santiago Nieto, con dos despachos estadounidenses que presentaron a nombre del Gobierno de México la demanda por la vía civil contra Genaro García Luna por 250 millones de dólares.
La Fiscalía mexicana abrió el expediente por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades con base en el convenio suscrito el 14 de julio de 2020 por la UIF con los despachos Krupnick Campbell Malone Buser Slama & Hancock, P.A. y Acevedo Scott PLLC.
La FGR cuestiona si la UIF contaba con la atribución para contratar los servicios legales en un país extranjero o si lo debió hacer la Secretaría de Hacienda, como superior jerárquico, a través de la Cancillería.
Se trata de una demanda que incluye además a 7 personas físicas y 39 morales y que se tramita en la Corte del Onceavo Distrito Judicial de Miami-Dade, en Florida, donde el juez William Thomas fijó hasta el 8 de mayo de 2023 la audiencia de inicio de juicio.