Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En su investigación contra el gremio científico, la Fiscalía General de la República (FGR) rastrea arrendamientos, licencias de conducir, altas y bajas de placas y hasta tenencia y declaraciones fiscales, sin haber informes de operaciones inusuales relevantes, a fin de hallar alguna irregularidad o delito.
Documentos a los que Grupo REFORMA tuvo acceso, indican que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) giró oficios a las Secretarías de Movilidad y de Administración y Finanzas de la CDMX, así como al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, para requerirles dicha información.
El 25 de agosto y el 22 de septiembre del año pasado, un juez federal rechazó ordenar las aprehensiones de 31 académicos y científicos del Conacyt a quienes la Fiscalía pretendía recluir en el penal del Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y lavado.
La tesis de la FGR es que, de enero de 2013 a junio de 2019, el Conacyt transfirió ilegalmente 244 millones de pesos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), en virtud de que fue constituido como una asociación civil ajena a la estructura orgánica del consejo y antes de tener su propio estatuto.
Tras los reveses judiciales, la Fiscalía decidió rastrear información de los indiciados –incluidos el FCCyT y el Centro Laving para el Desarrollo de Innovación y Transferencia Tecnológica–, que va más allá de la transferencia del Conacyt.
«No omito manifestar que, para el caso de no contar con la información requerida en el periodo solicitado (2013-2020), le solicito se realice una búsqueda de los históricos de su base de datos de información electrónica o algún otro medio que permita conocer la existencia de datos relacionados con el ámbito de sus atribuciones», dice el oficio enviado a la jefa del SAT, a quien solicitaron la información fiscal de los implicados, sin que exista una querella ni carpeta de investigación por defraudación al fisco.
A la Secretaría de Movilidad capitalina, la Fiscalía le pidió realizar «una minuciosa búsqueda en su base de datos e informe si cuenta con información de licencias, RFC, domicilios, altas y baja de placas, tarjetas de circulación, teléfonos» de todos los académicos y científicos.
A la Secretaría de Administración y Finanzas le solicitó la información de los pagos de tenencias, impuestos, celebración de convenios, licitaciones, contratos de adquisición, servicios (padrón de prestador de servicios, arrendamientos), de cada uno de los implicados.

Apuntan a otros 5 por Caso Conacyt
La FGR agregó 5 nombres a la lista de personas que investiga en el caso del presunto desvío de 244 millones de pesos del Conacyt.
Ahora su investigación va contra 36 y una de las novedades es la inclusión de Manuel Martínez Fernández, ex director del Centro de Investigación en Energía de la UNAM y esposo de Julia Tagüeña Parga, ex coordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología.
En la lista ahora aparece José Antonio de la Peña, ex director del Instituto de Matemáticas de la UNAM; Jesús Antonio del Río, ex director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM; Karla Graciela Cedano, secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación en el Instituto de Energías Renovables.
El empresario Luis Martínez Lavín García Lascuráin, presidente de Industrias Lavín de México, también es investigado.

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