El Registro Público de la Propiedad incurre en discriminación e inconstitucionalidad al aplicar un cobro del doble del monto establecido por trámites catalogados como “urgentes”, denunció el abogado Jesús Eduardo Martín Jáuregui. El notario público señaló que este concepto, incorporado en la Ley de Ingresos del Estado para el año 2024, es una forma de recaudar más impuestos y aliviar la presión de los servicios que no se cubren oportunamente.

“A quien paga un servicio urgente, el Registro Público lo ubica aparte y tramita primero sus trámites de constancias y certificados, con lo cual crea ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, el ciudadano que no tiene dinero para el servicio urgente, tiene que esperar a que se liberen los de quienes sí tienen ese recurso”, manifestó.

El jurista argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado la imposición de cuotas diferenciadas que discriminan entre pobres y ricos, además de establecer que no se puede pagar un monto diferente por el mismo servicio.

Refirió que el criterio de urgencia se aplica por pagar más y no por una situación justificada, lo cual resulta en una condición inequitativa, dando prioridad a quienes pagan más y no a quienes tramitan primero.

Martín Jáuregui consideró que un criterio de urgencia debería enfocarse en situaciones de vida o muerte, como en el caso de una persona que está en desahucio y requiere realizar un trámite sobre aspectos sucesorios, por lo cual no debería cobrarse una cantidad adicional.

Expuso que estos criterios van en detrimento de los ciudadanos y generan resquicios para promover la corrupción en este tipo de trámites, que ya están sujetos a posibles malos manejos, cuando los servicios públicos deben brindarse por igual.