Claudia Guerrero y Antonio Baranda
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al salir en defensa de la reforma al sistema de pensiones, el Gobierno federal acusó a las Afores de no haber devuelto al IMSS más de 41 mil millones de pesos de cuentas de trabajadores que no han sido reclamadas.
Al exhibir un listado de las 10 administradoras que han incumplido con esa obligación legal, establecida desde 2020, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, incluyó a la Afore XXI-Banorte, una administradora de la que es copropietaria el Instituto que encabeza.
Aunque ocupa el séptimo lugar en la falta de devolución de fondos, la empresa público-privada es el primer lugar en cuentas no reclamadas, con 76 mil 140, y también en el monto, con un total de 9 mil 360 millones de pesos.
Hasta ahora, sólo ha regresado 284.7 millones de pesos, que representan el 3 por ciento del total.
Al presentar un balance general sobre la problemática, el funcionario sostuvo que 10 afores se han quedado con el manejo del 97.8 por ciento de los fondos que deberían devolver al Instituto.
«Esto es importante señalar, son 41 mil millones de pesos de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de Vivienda de Infonavit, son 34 mil millones de pesos, ¿cuánto ha regresado hasta la fecha en los últimos 2 años? 946 millones 176 mil 804 pesos», dijo.
Durante la mañanera, el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, explicó que la reforma que hoy discute el Congreso busca que esas cuentas no reclamadas formen parte de un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Sin embargo, esa bolsa tendrá también otros financiamientos, como el 75 por ciento de lo decomisado por el INDEP, el 25 por ciento de las utilidades netas de seis empresas de la Secretaría de la Defensa Nacional y tres empresas de la Secretaría de Marina, entre otros rubros.
El director del Infonavit, Carlos Martínez, sostuvo que el Fondo se manejará como un fideicomiso de la Secretaría de Hacienda en el Banco de México y sus recursos no podrán utilizarse para obras, proyectos o cualquier otro gasto que no sea el pago complementario de pensiones a los trabajadores públicos y privados afectados por las reformas de 1997 y 2007.
«La reforma establece que este fondo, el recurso que está ahí, no podrá ser utilizado para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público; tampoco podrá ser utilizado para ningún otro gasto que no esté relacionado con el gasto de pensiones», aseveró.
La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó que la reforma tendrá un impacto de largo plazo, ya que, de aprobarse y entrar en vigor, sólo beneficiaría a unos 18 mil trabajadores que se jubilan en este 2024.
«En el año 2025, a 20 mil personas; 31 mil en el 2026; hasta llegar ya a 2050, donde cerca de 3 millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna», refirió.
En plena veda electoral, la funcionaria mostró en la conferencia los votos que emitieron en su momento los diputados y senadores del PRI, PAN y PRD, que permitieron aprobar al sistema de pensiones, que derivaron en una reducción en los ingresos de los trabajadores.