Inconstitucional o no, sigue siendo requisito

A pesar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la exigencia de la carta de no antecedentes penales, por violar los principios de igualdad y no discriminación, en Aguascalientes como en otras partes del país sigue siendo un requisito para ingresar a trabajar a varias empresas.
La magistrada presidenta de la Poder Judicial del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, reconoció el criterio emitido por la máxima autoridad judicial en el país: “nosotros estamos a lo que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahorita a quien la solicite se le expide porque hay empresas donde es uno de los requisitos para ingresar a laborar”.
Dio a conocer que el costo sigue siendo el mismo, 150 pesos por trámite, el cual se ha logrado sostener desde hace algunos años, lo que de alguna manera también facilita que quien la solicite tenga acceso a ese documento.
Además, el servicio se ha mejorado pues la oficina de expedición fue reubicada y al día se entregan 350 fichas para atender máximo a ese número de personas, lo cual es suficiente pues hay días en que se llegan a entregar entre 100 y 200 cartas de no antecedentes, y sólo hay fechas específicas principalmente a principios de cada año cuando hay más demanda de éstas y llegan a ser hasta 500 las emitidas.
De la misma manera se ha buscado que la gente que acude a hacer tal petición no pierda el tiempo entre lo que hace fila y consigue su trámite, de ahí que la entrega de la carta tarda máximo 8 minutos, salvo cuando se detecta que hay homónimos en los nombres y apellidos.
“Cuando se detectan homónimos se recurre a un juez de ejecución para revisar los expedientes y verificar los datos, en estos casos tratamos en la medida de lo posible entregarla ese mismo día o máximo al siguiente para no entorpecer su proceso o sus intereses”; aunque dijo que es bajo el número de solicitantes que enfrentan esta dificultad.
Cabe recordar que a finales de enero pasado la SCJN emitió su criterio en el que se indica que la exigencia de no tener antecedentes penales para ejercer alguna actividad, viola los principios de igualdad y no discriminación que se establecen en el Artículo 1º de la Carta Magna, además de atentar contra la libertad de trabajo, comercio o industria que se indica en la Constitución en su Artículo 5º.