Aunque no todas las decisiones que se toman por el Gobierno Federal han sido desacertadas, hay asuntos que dan claridad de la imposición desde el nivel central y autoritarismo, que hasta ahora “nadie denunciamos, nos convertimos en analistas políticos, pero no hay intentos por recurrir a que se haga valer la Ley”, manifestó el presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Éric Monroy Sánchez.

Un acto más que se presta a la duda y el oscurantismo es la declaración que se ha dado a todos los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal de varios giros como comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, aeropuertos y otros que se consideren prioritarios o estratégicos, como “de seguridad nacional”, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación

De acuerdo con lo publicado, refirió el abogado, se contempla la autorización provisional a la presentación u obtención de dictámenes, permisos o licencias para que inicien los proyectos u obras prioritarias para el Gobierno Federal y, con esto, garantizar su ejecución con el presupuesto previsto para ello.

“Por si había alguna duda que cada vez estamos peor, y para todos aquellos que no creen que hay cortinas de humo, todos los días, en las mañaneras, hay indicios de que hay un sheriff en el país que manda, ordena la publicación de un decreto a todas luces anticonstitucional que atenta contra la transparencia del gasto público”.

Tristemente, no hay hasta ahora alguien que se atreva a quitarle la máscara al presidente de México, que ahora resulta “ha determinado que todas las ocurrentes obras de su mando son asuntos de seguridad nacional y, con ello, perdemos toda esperanza de conocer cuánto nos costarán dichas obras y quiénes serán los beneficiados como proveedores, estableciendo el hoyo negro oficial de la corrupción institucionalizada”.

El abogado litigante, en ese sentido, lamentó que sea una disposición más de un gobierno opaco y corrupto y que ésta debería ser combatida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por atentar contra la estabilidad nacional, pero, en los hechos, es que “la verdad, todos nos convertimos en analistas políticos, pero nadie lo va a intentar”.