Los recientes ajustes en la Ley de Instituciones de Crédito, que establecen que contribuyentes que se encuentren en las listas negras del SAT puedan ser incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, para que instituciones bancarias puedan suspender operaciones ante la sospecha de la improcedencia de recursos, ya ha comenzado a generar estragos entre el empresariado local.
El presidente de la Comisión Fiscal, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fabián Gutiérrez, precisó que derivado de las modificaciones al artículo 115 de la mencionada ley, aplicadas desde septiembre pasado, algunas personas físicas y morales, han procedido a recursos legales, con la intención de ampararse para que sus respectivas cuentas bancarias no queden congeladas.
Detalló que basta la sospecha de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) para que notifique a las instituciones crediticias y que éstas a su vez, suspendan operaciones incluso sin que los afectados puedan abrir cuentas alternas en otras instituciones. Si bien, explicó que la Suprema Corte ya manifestó que lo anterior es un acto inconstitucional, al requerirse la orden de un juez para congelar cuentas bancarias, empresarios siguen temerosos de que por lo riguroso que resultan las medidas fiscales, el número de afectados vaya al alza.
Por lo anterior, explicó que la Coparmex se encuentra dispuesta a asesorar a los empresarios que enfrenten alguna situación de esa naturaleza, para que en primera instancia puedan recurrir ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y posteriormente a instancias legales.
“Desde luego existe el riesgo de que se incremente el informalismo, cada vez son más los incentivos para ser informal. Una persona para poner su dinero en un mercado formal, tiene en riesgo su dinero, su patrimonio, incluso su libertad”, lamentó.

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