“No importa lo que diga la Constitución sino lo que la Corte diga que dice”

Proverbio popular en el Palacio de Justicia

Durante décadas se aseveró con firmeza en las aulas, en la doctrina y en el litigio, que nuestro sistema jurídico contaba con un modelo formal de jerarquía de leyes que determinaba un rumbo para resolver conflictos entre las diferentes normas y al mismo tiempo, un campo de aplicación para los distintos operadores. Así, durante años, ningún abogado se atrevió incluso a sugerir la posibilidad de que un juez dejara de utilizar una ley por no encontrarse ajustada a la Constitución.

Sin embargo, gracias al legendario caso Radilla Pacheco, la Suprema Corte cambió el paradigma y estableció que no se trata jerarquías sino de derechos humanos y en consecuencia, les reconoció a todas las autoridades la posibilidad de aplicar en sus actuaciones un control constitucional y convencional resolviendo siempre bajo el mayor beneficio de la persona.

Pues bien, aunque a la fecha en algunos salones y juzgados patéticamente se sigue hablando de la pirámide de Kelsen, las cosas cambiaron y en consecuencia la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos llegó. La pirámide rígida se derrumbó y la red dinámica se tejió, empero, la obligatoriedad de la jurisprudencia (interpretación que de la ley hace un órgano jurisdiccional), como cimiento de aquél sistema rígido y formal, se aferra a su existencia.

Durante el mes pasado nuestra Suprema Corte discutió en el Pleno la contradicción de tesis 299/2013 a partir del proyecto presentado por el ministro Pardo Rebolledo. El asunto en cuestión era determinar si un juez mexicano, sin importar su ámbito de competencia, podía inaplicar una jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte por estimarla incompatible con nuestra Constitución o con tratados internacionales de los que seamos parte.

En su ponencia, el ministro Pardo sostuvo que obligatoriamente todos los jueces deben aplicar la jurisprudencia que la Corte emita porque de lo contrario se generaría caos, inseguridad e incertidumbre en la aplicación de justicia, y señaló que, en todo caso, si algún juez encontraba que la jurisprudencia era violatoria, debería de aplicarla y luego usar los medios de la Ley de Amparo para promover el abandono de ese criterio o lo que es lo mismo, ya ahogado el niño a tapar el pozo.

Para variar, el ministro José Ramón Cossío se pronunció en contra del proyecto del ministro Pardo y afirmó que todos parejos, que si bien tanto la jurisprudencia como la ley gozan de una presunción de constitucionalidad, esto no prohíbe que en el caso concreto se inapliquen ambas si se advierte su anomalía. Además, reconoció que los criterios de la Corte pueden ser falibles y que materialmente se encuentran imposibilitados de establecer todos los supuestos de hechos, en otras palabras, reconoció que los ministros son seres humanos con errores, incapaces de prever el universo completo de hipótesis.

Ante esta disyuntiva de pensamientos, la Corte con siete votos a favor y dos en contra, optó por mantener a la jurisprudencia como obligatoria. Sin embargo, el caso ha detonado el debate entre los estudiosos del derecho y uno que otro arrimado como yo.

En lo personal creo que ambos criterios son válidos parcialmente. En la óptica de un derecho natural, es simple y sencillamente absurdo el establecer que de forma obligatoria se aplique un criterio aun y a sabiendas de que este viola algún derecho. En México, con su sistema mixto que es más difuso que concentrado, que abona más a la independencia que a la verticalidad y que pondera al beneficio de la persona por encima de una jerarquización de ordenamientos, el afirmar que la jurisprudencia se debe aplicar siempre, es darle un tufo de omnipotencia alejado de la razón y es afirmar con soberbia que siempre un ministro pensará mejor que un juez. No existe argumento racional que explique porqué un juez sí puede inaplicar una ley aprobada por 500 representantes populares pero no puede inaplicar una interpretación de 11 jueces.

El que sostiene que inaplicar jurisprudencia atenta contra la seguridad jurídica y la certeza en la resolución de conflictos, entonces también sostiene que la inaplicación de leyes es enemiga de dichos principios y argumenta bajo premisas erróneas. Inaplicar no atenta contra el control jurisdiccional, sólo pondera a la razón por encima de la jerarquización aunque esto sea incompatible con las ideas tradicionalistas, como la del ministro Pérez Dayán, quien aseguro que la existencia de jurisprudencia supone que la norma y el problema ya fueron estudiados en su totalidad, o lo que es lo mismo, que la jurisprudencia es un pensamiento con verdades absolutas indiscutibles, nada más falso.

La jurisprudencia es un instrumento para garantizar el fondo y no la forma, su objetivo elemental no es generar una unidad de pensamiento sino proteger a los derechos fundamentales que reconoce nuestro orden constitucional y convencional.

Sin embargo, en la óptica de un derecho positivo, la jurisprudencia no debe recibir un mismo trato que una ley emitida por el Congreso de la Unión y en consecuencia no debe ser sujeta del principio de su control difuso, el artículo 133 no señala a la jurisprudencia y en cambio el 94 sí establece su naturaleza obligatoria.

Tarde que temprano, creo que nuestro sistema jurídico terminará siendo de aplicación enteramente difusa y la posibilidad de inaplicar una jurisprudencia será la gota que derramará el vaso. De cumplirse mi atrevida premonición, la Corte se mantendría como tribunal constitucional y se conservaría como dueño de la última palabra, empero, un juez tendría el campo abierto para utilizar bajo su libertad y responsabilidad todo el sistema jurídico positivo a favor de obtener la tan complicada justicia.

@licpepemacias