La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río Venegas, expresó su preocupación respecto al futuro del organismo con la próxima administración federal debido a las propuestas de reforma que podrían trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

«Si el acceso a la información y la protección de datos personales son manejados por la Secretaría de la Función Pública, esto representaría una regresión», advirtió la comisionada. El INAI, que emplea a 800 personas en todo el país y coordina 32 institutos estatales de transparencia, vería sus facultades mermadas.

«El panorama es difícil», afirmó. Los cuatro comisionados del INAI se reunieron recientemente para discutir los posibles escenarios y formular estrategias ante los cambios anticipados. Uno de los puntos más críticos es la posible pérdida de autonomía del INAI y de los institutos de transparencia estatales, al centralizarse sus funciones en una entidad federal.

En entrevista con El Heraldo, luego de participar en la firma de la declaratoria de Justicia Abierta en la entidad, Del Río Venegas dijo que la centralización de las funciones de acceso a la información y protección de datos personales en la SFP podría afectar la imparcialidad y efectividad del instituto. «La SFP tendría que resolver las denuncias de vulneración de datos y negación de información, lo cual genera un conflicto de interés si estas situaciones involucran a otras entidades del mismo gobierno federal», detalló.

La comisionada enfatizó que este cambio comprometería la independencia de las decisiones del INAI y pondría en riesgo el derecho de los ciudadanos a la información. En respuesta a esta situación, el INAI ha buscado establecer puentes de comunicación con la presidenta electa, solicitando una audiencia para dialogar sobre la importancia y utilidad social del acceso a la información.

Del Río Venegas mencionó que, en caso de no recibir una respuesta favorable, el INAI podría recurrir a acciones jurídicas, llegando hasta la Suprema Corte de Justicia para defender su autonomía.