Por considerar que se cometió un acto legislativo violatorio a la Carta Magna y a la Constitución del Estado de Aguascalientes, además de haber violado sus garantías y derechos humanos, Luis Fernando Díaz Esparza, aspirante al cargo de auditor superior del Estado, presentó una demanda de amparo en contra del Congreso del Estado, y de la Comisión de Vigilancia del Legislativo que involucra como tercer perjudicado a Francisco Martín Muñoz Castillo, titular del Osfags.

La demanda de amparo fue interpuesta ante el Poder Judicial de la Federación, instancia a la que solicita ordene a los responsables la suspensión de los acuerdos recurridos, con apercibimientos de ley, a efecto de que no se siga vulnerando la Constitución del Estado de Aguascalientes.

El amparo y protección de la justicia de la unión fue pedido en contra del procedimiento, actos, designación y nombramiento del ahora auditor superior, por haber sido electo sin cumplir con los requisitos; además de poner en duda su carta laboral, presumiendo que tal vez falseó información.

En este procedimiento legal responsabiliza a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y al Pleno Legislativo, de no ajustarse a la legalidad, requisitos y lineamientos contenidos en la Convocatoria expedida el 5 de marzo y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12 de ese mismo mes, para elegir al titular del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes.

De acuerdo al documento que obra en poder de El Heraldo, la ilegalidad se cometió desde el momento en que se eligió la terna que se presentó al Pleno y que llevó a la elección ilegal y a través de votación secreta, de Francisco Martín Muñoz Castillo para tal cargo.

Los preceptos constitucionales que estima el demandante fueron violados y le afectan a su persona, son las garantías individuales establecidas en los artículos 1, 5, 14, 16 y 35 en su Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El hecho, según la demanda, es que quien fue electo como titular del Osfags no cumple con los requisitos de elegibilidad que señala la Constitución Política local y la propia convocatoria contenida en el decreto número 311, dejándolo fuera a él –Díaz Esparza-, como a otros aspirantes que sí cumplen con los requerimientos.

En la demanda de amparo refiere que los diputados locales hicieron a un lado que el ahora titular el Osfags -que rindió protesta al cargo inmediatamente después que fue electo-, tampoco cumplió con la Base Primera de la Convocatoria, que señala que debía contar con experiencia al menos de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

En la misma base, se pedía que el interesado tampoco debía ser dirigente de partido político alguno en los cuatro años previos a su designación, lo que también incumple el ahora auditor superior, dado que en fechas recientes ocupó el cargo de secretario de Vinculación con la Sociedad en el Comité Directivo Municipal del PAN, espacio que le fue asignado en enero de 2019.

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