Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno federal solicitó ayer a un tribunal de circuito echar abajo la orden judicial que suspendió temporalmente la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum.
Marco Aurelio Colín, apoderado legal de Fonatur Tren Maya, impugnó la suspensión provisional emitida el pasado 12 de abril por Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en Yucatán.
Será un tribunal colegiado de la ciudad de Mérida el que resuelva si prevalece o no la prohibición para continuar con los trabajos de esta obra.
La suspensión derivó de un amparo promovido por la asociación civil «Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano», integrada por buzos profesionales, quienes han advertido de graves daños en ríos subterráneos, cuevas y cenotes ubicados en Playa del Carmen y Tulum.
Debido a que no todas las autoridades implicadas en la construcción del Tren Maya rindieron los informes solicitados, el juez Novelo aplazó para el próximo 13 de mayo la audiencia en la que resolverá si otorga la suspensión definitiva.
De hecho, el impartidor de justicia giró oficios a la Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Nacional Financiera y a la Sedatu para que rindan al juzgado informes justificados.
En la demanda, el organismo civil reclamó los permisos, autorizaciones y trabajos de planeación, ejecución, operación y avance de actividades en este tramo del proyecto, entre ellos el desmonte.
Afirman que no hay correspondencia con el estándar más alto de protección al medio ambiente y el agua de las comunidades afectadas; reclaman también la falta de garantía por el impacto que las obras tendrán en la selva maya y el ecosistema del Caribe mexicano
Novelo otorgó la suspensión provisional, dando por cierta la afirmación de la asociación civil de que las autoridades federales no cuentan con autorizaciones de impacto ambiental y existen indicios de daños irreparables a las zonas afectadas por la obra.
Hubo dos aspectos que el juez negó suspender provisionalmente: uno fue la omisión de dar seguimiento, clausurar o imponer sanciones, detener tala y desmonte, como consecuencia de una denuncia ciudadana presentada contra las obras en este tramo.
El otro acto que descartó congelar fue la emisión de los dos decretos expropiatorios sobre los terrenos en los que avanza la construcción del tren en esta zona.

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