Iris Mabel Velazquez Oronzor 
Agencia Reforma

CDMX.- Diputados de Oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación, avalada el pasado 30 de noviembre.

A la Suprema Corte de Justicia acudieron los líderes de las bancadas del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez Cisneros; de Movimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo y del PRD, Ricardo Gallardo Cardona.

El documento, recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tarde del 26 de diciembre de 2018, argumenta en cinco puntos lo que ellos consideraron como violaciones.

Una contra el principio de legalidad y principios de la democracia representativa, derivados del procedimiento legislativo en el que se aprobó el decreto de reformas a esta ley.

El dictamen aprobado fue realizado después de un procedimiento viciado, que impidió el cumplimiento de las formalidades de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como el reglamento de la Cámara de Diputados, vulnerando los principios de la democracia representativa, fundamental de las actividades de cualquier Asamblea democrática, expusieron.

Los legisladores argumentaron varias inconsistencias como que, pese a que el 13 de noviembre se levantó la sesión, el mismo día en una sesión ordinaria nueva y posterior a la anterior se aprobó indebidamente la iniciativa.

Además, denunciaron que hubo un ejercicio arbitrario y discrecional por parte de la Mesa Directiva que decidió discutir solamente la iniciativa en la Comisión de Gobernación y Población, aunque se necesitaba la opinión de la Comisión de Seguridad Pública y las Comisiones de Economía Comercio y Competitividad, así como la Federalismo y Desarrollo Municipal.

Los diputados señalaron que la Comisión de Gobierno y Población incumplió con la obligación prevista en el numeral 3 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados pues envió el dictamen con sólo dos días de anticipación y en día inhábil
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«Claramente no fue un trabajo que haya permitido exponer, discutir y analizar a cabalidad todos y cada uno de los artículos que fueron objeto de la presente reforma», se expuso.

«Con lo cual, el decreto impugnado no puede ser considerado propio de una democracia representativa, en tanto que los principio de deliberación y respeto al derecho de las minorías no fue tutelado», afirmaron los lideres de la bancada del PAN.

Agregaron que se violó la soberanía y autonomía de las Entidades Federativas y que la figura de superdelegados propicia la aparición de un sistema centralista, además genera un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

«Se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la población», señaló la Oposición.

Resaltaron que se carece de mecanismos de control y garantías institucionales, y que por el contrario, la permisión al Superdelegado para crear su ejército de funcionarios adscritos a esta labor, abre un gran espacio para el ejercicio arbitrario del poder.

Los legisladores también rechazaron que la Secretaría de Energía coordine con la Comisión Reguladora de Energía la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, al advertir que contraviene el mandato constitucional mediante el cual se otorga autonomía técnica a los órganos reguladores.

De igual manera denostaron que la Consejería Jurídica nombrará y, en su caso, removerá a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Los diputados firmantes insistieron en que el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Población no aborda con claridad las argumentaciones que sirvieron de sustento para justificar el cambio de estas atribuciones que anteriormente correspondían a la Secretaría de la Función Pública y algunas de ellas contravienen otras Leyes, como la de Adquisiciones.