La sospecha ciudadana de que hay policías coludidos con la delincuencia tomó visos de realidad ante la declaración del gobernador Martín Orozco Sandoval, que puso en tela de juicio la honestidad de algunos uniformados al pasar por alto lo que está a la vista de todos.

Es la primera vez en casi tres años que el mandatario alude a esta situación, en respuesta a los interrogantes de la sociedad y a las extrañas “coincidencias” que ocurren cuando en un operativo no se encuentra a los presuntos delincuentes, pese a que existía la certeza que se hallaban en el lugar inspeccionado, lo que pudo deberse a que alguien dio aviso de lo que se preparaba.

Tan le asiste la razón al titular del Poder Ejecutivo que días después de su declaración se hizo el aseguramiento de varios kilogramos de cristal, pero del o los individuos que cuidaban la droga ni sus luces, lo que tal vez fue consecuencia que de  último momento se les comunicó que iban por ellos y sólo les dio tiempo de huir, dejando abandonado el cargamento con valor de varios millones de pesos.

Asimismo, es una reacción ante el número tan elevado de asesinatos que han tenido lugar durante este mes atribuibles al crimen organizado, de lo que la policía da cuenta hasta que tienen lugar los hechos, pero no reporta o interviene ante el cúmulo de “tienditas” que hay en la mayoría de las colonias urbanas y comunidades rurales.

Orozco Sandoval consideró que corporaciones policíacas y dependencias de “otros niveles” se encuentran inactivas ante la presencia de los malhechores, lo que lleva a pensar que podrían estar involucrados en la delincuencia.

Precisó que “hubo operativos en lugares de diversión en Aguascalientes, se encontraron cosas que se darán a conocer, que (los habitantes) sepan quién opera cada uno de esos antros y qué se encuentra en cada uno de ellos, y en Pabellón (de Arteaga) también, y les vamos a seguir pegando porque estoy seguro de que voy a tener esas sorpresas  y no voy a pararme ante nada”.

Lo anterior fue reflejo del las acciones que tuvieron lugar en la tercera semana del mes en curso en que hubo visitas a bares, cantinas y antros de la ciudad y en la zona de tolerancia, clausurándose varios de ellos, pero que varios volvieron a abrir en cuestión de tres o cuatro días tras pagar la multa.

La Fiscalía General del Estado se concretó a informar que se aseguraron narcóticos, un vehículo robado y se descubrió venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, pero sin determinar en qué lugares fueron las anomalías y si hubo detenidos e incluso consignados.

Como resultado de este operativo “sorpresa”, Orozco Sandoval expresó su desagrado porque los encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos, “en otros ámbitos de gobierno”, no hacen nada, lo que hace pensar que se encuentran coludidos con la delincuencia.

Hizo un enérgico llamado a los policías de todos los niveles para que cumplan con su deber, que es el de brindar seguridad a todas las familias. La tranquilidad de cada habitante está en ellos, que sepan atender con diligencia las tareas a que están comprometidos y lo cual se estará vigilando desde palacio de gobierno.

Por otra parte, y seguramente como derivación de lo descrito, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, dio a conocer que 47 elementos serán reevaluados en las pruebas de control y confianza al no tener resultados positivos, por lo que se requiere establecer que son aptos para el servicio policíaco.

De las razones que hay para que un uniformado cause baja se relacionan con aspectos psicológicos, médicos, físicos, entorno de vida social, la evaluación socioeconómica y la aplicación del polígrafo, por lo que quien no pase una de esas pruebas quedará fuera.

EN EL OLVIDO

En la lucha por el control del Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes (SUTEMA), que mantienen el grupo “oficial” y los disidentes, han dejado de lado a los agremiados, que en todo caso son los que pueden decidir quien los encabeza.

Aunque Federico Domínguez Ibarra asegura que es el “líder” al estar reconocido por las autoridades y que en varias ocasiones ha manifestado que no se aferra al cargo, por lo que si sus compañeros lo piden convocará a nuevas elecciones, pero en lugar de cumplir su palabra toma todos los apoyos a su alcance, por lo que hizo venir al dirigente nacional Rafael Reyes Montemayor para que le diera el oxígeno que necesita.

Muy a la usanza del siglo pasado, en que el gobernante era el todopoderoso, le exigió al titular del Ejecutivo que “saque las manos” del Sindicato, sin fijar cómo lo hace, pero luego pidió audiencia para destrabar el conflicto, no obstante, a quien debería dirigirse es al Tribunal del Arbitraje, que es en donde tiene que definir a quien le asiste la razón.

Reyes Montemayor “desconoció” al grupo inconforme que encabeza Jesús Torres Luévano, porque “yo voy a defender a la base, no a la disidencia que no son trabajadores, muchos de ellos ya fueron expulsados del sindicato”, afirmó.

Como se ha mencionado en este y otros espacios, si el Tribunal del Arbitraje pretende cumplir con pulcritud su intervención, debe convocar a una asamblea en cada centro de trabajo para determinar, mediante el recuento, a quien respalda el personal, sea a Domínguez o Torres, o a una tercera persona.

En los tiempos que corren y de acuerdo con la nueva ley laboral, puede producirse un cisma en el SUTEMA y que en lugar de uno sean dos o más sindicatos, teniendo en cuenta que los trabajadores de los municipios fuera de la capital se sienten desamparados, por lo que a raíz del diferendo en marcha ha surgido el interés de tener su propia agrupación.

Hay razones de peso para que exista enfadado no sólo en los municipios foráneos, sino en la misma capital, principalmente porque jamás se les ha consultado para solicitar un aumento salarial y mejores prestaciones, simplemente se les avisa que tendrán 3 o 4% de incremento y punto, pese a que por regla general la inflación es mayor, por lo que el alza en sus percepciones no tienen ningún efecto para sus necesidades básicas.

No basta con que venga en “bola” el comité nacional para que los sindicalizados se den por vencidos, por el contrario, es un acicate para seguir pugnando por limpiar la organización, que por el número de asociados debe tener una mejor suerte.

¿RAZONES HUMANITARIAS?

En el Ayuntamiento de Aguascalientes están en un plan “caritativo”, por lo que se han dado a la tarea de brindar algunos servicios a los habitantes de 93 fraccionamientos no municipalizados, sin embargo las 18 mil familias que residen en esos espacios tienen derecho de recibirlos, por la simple razón que pagan el Impuesto a la Propiedad raíz (predial) y el DAP (Derecho de Alumbrado Público), por citar dos de las obligaciones ineludibles a que están sujetos.

Son colonias que no han sido entregadas por el fraccionador a la autoridad municipal, por lo que ésta se desatiende de los servicios básicos que debe proporcionar, de ahí que “por cuestión humanitaria” ha intervenido en algunos puntos, afirmó el secretario de Desarrollo Urbano, Jaime Gallo Camacho.

Aseveró que hay lugres que están habitados desde hace 46 años y otros 21 años, que en algunos casos carecen de vialidades, red de agua potable y alcantarillado y de alumbrado, ni de seguridad pública y escuelas, por lo que “la autoridad tendrá que tomar la decisión de emprender un proceso de municipalización para encargarse formalmente de su atención”, lo que debió hacer desde hace dos años y que ojalá que ya un vez superado el proceso electoral se den a la tarea de atender este problema que afecta a cerca de 90 mil habitantes, principalmente niños, adolescentes y jóvenes, que viven y crecen en condiciones totalmente inadecuadas.

SUEÑOS ROTOS

Fusionadas en una sola “migra”, la mexicana y la estadounidense, capturan todos los días a cuanto extranjero carece de documentación que acredite su estancia legal en el país para regresarlos a su lugar de origen, lo que acaba infructuosamente una etapa de varios meses que los deja endeudados por largo tiempo, aunque otros corren peor suerte al morir ahogados en el Río Bravo.

México ha ido más lejos, al exigir a todo aquel que vaya a abordar un autobús que acredite ser mexicano como requisito para venderle el boleto, lo que va en contra de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el Artículo 11 señala: “Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio o mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, aunque el actual gobierno se basa en lo que más adelante sostiene el mismo artículo: “El ejercicio de este derecho estará subordinado (…) a las limitaciones que impongan las leyes de emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

Alguien se sacó de la manga la orden de obligar a los pasajeros en transporte foráneo que presenten una identificación que demuestre que son mexicanos y por si no fuera suficiente policías de distintas corporaciones hacen revisiones a bordo de las mismas unidades, por lo que los ocupantes tienen que presentar su credencial de elector, pasaporte, cédula de identidad o cualquier otro documento oficial que demuestre ser nativo de este país.

Las medidas anteriores se suman a las acciones que llevan a cabo las autoridades de Estados Unidos, que tras el acuerdo migratorio con el gobierno de México aumentó el promedio de migrantes devueltos que solicitaron asilo en ese país. Entre el 8 y 19 de junio el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó la devolución a México de 2 mil 950 centroamericanos, un promedio de 268 migrantes al día. Hasta antes de esa fecha, el promedio diario desde que EU comenzó a aplicar los llamados “Protocolos de Protección al Migrante”, a final de enero, fue de 81.En  total. EU devolvió a 13 mil 987 centroamericanos del 29 de enero, cuando el INM recibió el primer migrante en Tijuana, Baja California, al miércoles 19 de junio. Los retornos de los migrantes se hacen a través de los cruces fronterizos de Mexicali y Tijuana, Baja California, así como de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La persecución incesante en contra de los emigrantes es sólo parte del sufrimiento que padecen quienes van en busca del llamado “sueño americano”, al quedar muchas veces varados en algún punto de México, es el caso de 30 indígenas mayas de Guatemala, y sus hijos adolescentes, que están en la ciudad de Mexicali, BC., sin saber qué hacer.

Cada uno pagó 3 mil 300 dólares para que un “pollero” los cruzara a Estados Unidos, con la promesa que obtendrían el asilo en este país, pero en lugar de eso los asaltaron dos veces antes de ingresar a territorio estadounidense, donde fueron capturados por agentes de Migración; tuvieron una entrevista de cinco minutos y enseguida retornados a Mexicali. Los guatemaltecos están citados en San Diego, California, en agosto, octubre y en algunos casos hasta noviembre, mientras tanto están en el albergue Alfa y Omega, bajo una carpa, muy lejos de su pueblo natal, San Pedro Soloma, al norte de Guatemala. Para viajar tuvieron que hipotecar sus casas, terrenos, la siembra de maíz, o pidieron prestado.

Su experiencia y la situación en que están son similares a la de miles de indocumentados de otros países centroamericanos y de varias partes del mundo, principalmente de Cuba y Venezuela y de naciones africanas y asiáticas.

MÉXICO SE DESANGRA

El mes de mayo fue el más violento de la última década, pero junio podría superarlo, al registrar asesinatos de cualquier índole en casi toda la República y la única manera de contener los ríos de sangre es enviar tropas de la Guardia Nacional, a imagen de lo que hizo el ex presidente Felipe Calderón con el Ejército, sin mayor resultado.

Es un problema que en primera instancia deben enfrentar, y solucionar, los gobernadores y presidentes municipales, pero cachazudamente prefieren esperar que la Federación lo atienda, por lo que si no obtiene el resultado que el pueblo espera cargará con la agitación y el resentimiento social.

En este caso el asunto radica en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en los primeros seis meses de su administración reduciría los ataques del crimen organizado, que lejos de dar un paso de costado ha incrementado su presencia.

Por citar algunas entidades donde junio dejó una estela de luto, en Guerrero mataron en tres días a 31 personas, entre ellas una madre junto con su hija menor de edad. En la mañana del día 24 un grupo de civiles armados emboscó a balazos a integrantes de la llamada policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la comunidad de Santa Rosa de Lima, del municipio de Petatlán, en este lugar murieron seis autodefensas y uno más resultó herido. Asimismo, en la comunidad de El Venado, que pertenece a este mismo municipio de la región de la Costa Grande, un día antes fue asesinada a balazos una mujer.

En Taxco de Alarcón, lugar que desde enero el índice delictivo sigue a la alza, fueron asesinadas a tiros seis personas. El día 22, en el Barrio de Bermejo, fue acribillado un joven cuando salía de su domicilio, mientras que en la comunidad de Taxco el Viejo, se ubicaron dos hombres con orificios de bala en diferentes partes del cuerpo, además de que presentaban huellas de tortura y estaban atados de las manos; una de las víctimas era hijo de la regidora y ex lideresa del PRI municipal de Taxco, Juana Álvarez Martínez.

El domingo por la noche, hombres armados arremetieron contra una taquería ubicada en el barrio Vicente Guerrero, en Taxco y mataron a tiros a la dueña de este negocio y a su hijo de 14 años de edad. El alcalde panista del municipio Marcos Parra Gómez, considera que la violencia ha aumentado debido a que varios grupos de la delincuencia organizada se disputan la plaza.

En Tetipac, municipio vecino de Taxco, fueron asesinados dos hombres, hechos que ocurrieron en la comunidad de San Andrés. En Tlapa, región de la Montaña, uno de tres hermanos que fueron atacados a balazos, murió a consecuencia de las heridas y los otros siguen internados en el hospital. En tanto, en el municipio de Copanatoyac un hombre fue asesinado a tiros y en la misma demarcación se localizaron los cadáveres de dos hombres en el fondo de una barranca.

En la capital del país se contabilizaron durante el mes de mayo 164 homicidios dolosos, esto es, 18.27% más de los que se registraron en el mismo período de 2018, con un promedio de 5.2 personas asesinadas por día. En la última década ha sido el mes más violento, en relación a 2007, al anotarse  un incremento de 38%, pero el repunte en tres años ha sido de 70.22%, por lo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ordenó la rezonificación de la policía, luego la reestructuración de los cuadrantes y finalmente la participación de 4 mil 500 elementos de la policía militar y ahora se anuncia la presencia de la Guardia Nacional.

En Coahuila, mayo fue el mes más trágico desde enero de 2015, al haber sido asesinadas 44 personas en 22 hechos, la cifra más alta desde las 62 víctimas de enero de hace cuatro años. En lo que va de 2019 contabilizándose hasta el 25 de junio, suma un total de 141 asesinatos, lo que significa 38.2% más que los primeros cinco meses del año pasado, cuando fueron 103 personas las ultimadas.

 Para hacer frente a esta situación el gobierno federal empezó a enviar la Guardia Nacional a los lugares más conflictivos, aunque a decir verdad va a ser una labor titánica ya que gran parte de los estados aparecen con círculo rojo.

PODIO PRESIDENCIAL

Mañana se cumple el primer año de la elección de Andrés Manuel López Obrador, por lo que prepara una festejo “en grande” en el zócalo capitalino. Es el primer presidente que proviene de un partido de izquierda, por lo que todas las miradas han estado puestas en lo que hace o deja de hacer.

Ha sido un año de gobierno que los analistas califican de ambivalente, al dar atención a una parte de los grupos marginados y otorgar becas a los jóvenes que no trabajan ni estudian, a adultos mayores y a alumnos de preparatoria y licenciatura, lo mismo hay una mejora en los precios de garantía de distintos productos del campo.

En cambio canceló programas de profundo índole social, como los apoyos a refugios de mujeres violentadas, a las guarderías que afectó a más de 300 mil familias, la reducción drástica del financiamiento a la cultura y el deporte, además del despido de gran número de empleados públicos.

La persecución y aprehensión de los corruptos, que fue bandera de campaña y un compromiso de gobierno, ha quedado en una promesa, ya que de los que han sido apresados son simples charalitos, mientras los “peces gordos” gozan de cabal salud.

Al mismo tiempo que prepara el discurso de felicitación a sí mismo, que habrá de pronunciar el uno de julio, AMLO continúa enzarzado en discusiones con todo aquel que difiera de sus puntos de vista, como ocurrió en Quintana Roo el pasado 24 de junio, al afirmar que hay una disminución de homicidios en el estado, lo que fue refutado por una reportera local al citar que han aumentado.

La respuesta del tabasqueño fue inmediata: “Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad, siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importante en mi vida, no engaño; tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar a mi pueblo.

“Yo se que ustedes tienen una visión distinta, yo la respeto, pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista, además estoy acostumbrado a polemizar, a defender mis posturas. El resultado en el caso de Quintana Roo, repito, el promedio era hasta hace unos meses dos homicidios diarios, ahora es un homicidio”.

Al Instituto Mexicano del Seguro Social también le tocó su rasguño, al refutar al cifra oficial sobre la baja drástica en la generación de empleos en el arranque de su administración, luego de que el IMSS reportó el 19 de junio que de enero a mayo se registraron 167 mil 178 nuevos empleos ante el Instituto, respecto a los 362 mil 878 plazas del mismo período  de 2018, siendo la cifra más baja desde 2009 cuando en medio de la crisis financiera se informó una reducción de 410 mil 133 trabajadores ante el Seguro.

Para López Obrador “es un asunto de criterios, porque estos jóvenes (de Construyendo el Futuro), 481 mil 548, no se toman en cuenta (…), en abril eran 281 (mil), y en mayo 481 (mil). No están aquí 200 mil de Sembrando Vida”.

Sobre el particular, el director del IMSS, Zoé Robledo, en conferencia de prensa posterior insistió que las cifras oficiales del Instituto no consideran a los beneficiados de los programas gubernamentales, en función que ellos no cotizan ni tienen un patrón que lo haga.

Aunque para los quintanarroenses la invasión del sargazo ha sido letal para su economía, el presidente López Obrador consideró que “no es gravísimo”, lo que no obsta para que gire instrucciones a la Secretaría de Marina que atienda este problema: “Vamos también a seguir apoyando con el asunto del sargazo. No he hablado mucho de eso porque no considero que sea, como algunos sostienen, gravísimo, no, no. Lo vamos a resolver, ya le di instrucciones al secretario de Marina y se construirán embarcaciones especiales para recoger sargazo y terminar con ese problema”.

Previamente, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló que el sargazo es uno de los desafíos que enfrentan las playas del estado, toda vez que recolectan hasta mil toneladas diarias de las playas públicas. A principios de este mes el gobierno local emitió una declaratoria de emergencia por la invasión de esta macroalga para los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco

Dispuesto a encabezar un liderazgo regional, además de firmar un acuerdo para arrancar el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que involucra a El Salvador, Honduras y Guatemala, López Obrador destinó 100 millones de dólares, con el propósito de disminuir el flujo migratorio.